CIUDAD DE MÉXICO, 27 Jun. (Reuters/EP/Notimérica) -
La Fiscalía mexicano ha anunciado este lunes que el Gobierno de Enrique Peña Nieto pedirá colaboración al FBI para investigar una presunta intervención gubernamental ilegal de comunicaciones a periodistas y activistas.
El fiscal para la atención de delitos contra la libertad de expresión, Ricardo Sánchez, ha señalado que se ha establecido un grupo de apoyo técnico que se encargará de las investigaciones. El Gobierno ha negado las denuncias de espionaje que alcanzaron a periodistas renombrados.
"Se pedirá al FBI de los Estados Unidos su colaboración" ha indicado Sánchez sin dar más detalles.
Activistas y periodistas en México denunciaron el lunes pasado que al menos 16 personas fueron víctimas de espionaje por parte del Gobierno, al que acusan de haber infiltrado sus teléfonos móviles con un 'software' para combatir el terrorismo creado en Israel.
Sánchez ha indicado, además, que pedirán a las empresas telefónicas los registros de llamadas de los teléfonos presuntamente infectados, y se les solicitará a todas las personas que denunciaron que sus móviles fueron intervenidos que aporten sus equipos físicos a la investigación para realizarles un análisis forense.
La autoridad buscará también que empresas que venden equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México informen a qué gobiernos estatales los entregaron y si en algún caso llegaron a instituciones diferentes.
El periódico estadounidense 'The New York Times' publicó hace una semana que México había gastado cerca de 80 millones de dólares en un programa de espionaje que se ofrece a gobiernos con la condición de que sea utilizado para combatir a grupos criminales.
El presidente indicó el jueves que la tecnología se había adquirido para combatir al crimen organizado y generar condiciones de seguridad para los mexicanos.
Pero en un discurso, pareció sugerir que buscaría que se aplique la ley contra quienes acusaron al Gobierno de estar detrás del espionaje. No obstante, un portavoz aclaró luego que se trataba de un error y que se busca sancionar a quien esté "involucrado en actividades de espionaje al margen de la ley".
En este contexto, Peña Nieto ordenó el pasado jueves que se investiguen las acusaciones sobre los supuestos actos de espionaje. "Espero que la PGR (Procuraduría General de la República) con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno", dijo.
Entretanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado estos supuestos actos y ha recalcado que "constituyen una injerencia arbitraria en la vida personal", reclamando una investigación que garantice la rendición de cuentas por parte de los responsables.