El Gobierno de México reitera que no se produjeron torturas en el marco del 'caso Iguala'

Manifestación 43 normalistas Caso Iguala
REUTERS - Archivo
Actualizado 08/05/2018 8:19:10 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) 

La Procuraduría General de la República (PGR) ha reiterado este lunes que no se registraron indicios de torturas contra detenidos en el marco del 'caso Iguala' sobre los 43 normalistas desaparecidos en 2014 durante una protesta.

En un comunicado conjunto con las secretarías de Gobernación (SEGOB) y Relaciones Exteriores (SRE), el organismo ha señalado que este lunes la Misión Permanente de México en Ginebra entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) las observaciones del Gobierno de México sobre el contenido del Informe 'Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa' presentado en marzo por el representante en México, Jan Jarab.

Jarab ha considerado que el poder judicial debe excluir del expediente las pruebas obtenidas bajo tortura en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según ha recogido el diario local 'El Universal'.

En el documento de observaciones, la PGR ha destacado que después de haber aplicado el Protocolo de Estambul, que aporta los estándares y parámetros mínimos mediante los cuales puede comprobarse la existencia de tortura, los resultados no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos, como acusó Jarab en su informe.

Asimismo, indica que los asuntos abordados continúan aún bajo investigación y consideración judicial, "por lo que las conclusiones de su informe resultan prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas".

Los 43 normalistas desaparecieron durante una protesta después de ser perseguidos a tiros y detenidos por policías, que los entregaron a un grupo criminal por causas no esclarecidas. La hipótesis oficial de que fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula fue refutada por los expertos, que considera que no existen evidencias científicas para sostenerlo.

Forenses argentinos, que han ayudado con la investigación junto a la CIDH y la PGR, han desmentido en diversas ocasiones la "versión oficial" alegando pruebas falsas, trabas y presiones en la búsqueda de desaparecidos.