La OEA discutirá el próximo lunes la crisis venezolana mientras Maduro amenaza con encarcelar a Capriles y Pizarro

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Publicado 15/06/2017 16:38:27CET

   MADRID, 15 Jun. (OTR/PRESS) -

   La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará una segunda sesión de la reunión de cancilleres sobre Venezuela el próximo lunes 19 de junio en la localidad mexicana de Cancún, antes de la apertura de sesiones de la Asamblea General del organismo.

   En medio del conflicto que vive el país caribeño desde hace casi tres meses, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho este miércoles que los dirigentes opositores Henrique Capriles y Miguel Pizarro "pagarán con cárcel", ya que les acusa de pagar a jóvenes para que se manifiesten.

   "Capriles, Pizarro, criminales. Ustedes están llevando a parte de la juventud a la violencia a la perdición. Ustedes serán responsable y pagarán con cárcel, más temprano que tarde", ha dicho.

   "Pagarán con cárcel el daño que le están haciendo a la juventud", ha agregado, en referencia a Capriles, gobernador del estado de Miranda y líder opositor, y Pizarro, diputado del partido Primero Justicia.

   Por su parte, la OEA anunciaba un nuevo encuentro de cancilleres para debatir sobre la crisis social, económica y política que vive Venezuela después de que la anterior, celebrada el 31 de marzo, terminara sin que los 34 países asistentes lograran un acuerdo.

   En un principio se presentaron tres proyectos de resolución --uno de Antigua y Barbuda, otro de los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) y otro de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Canadá--, si bien Antigua y Barbuda decidió retirar el suyo y unirse al de la Caricom.

   Finalmente, los países del bloque no lograron llegar a un consenso para escoger una de las resoluciones, por lo que el representante de Bahamas, Darren Henfield, propuso suspender la sesión.

RECURSO "INADMISIBLE"

   El miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venzuela declaraba "inadmisible" el recurso de nulidad presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra los conocidos como magistrados 'exprés', nombrados en diciembre por la Asamblea Nacional cuando estaba bajo control oficialista.

   En su pronunciamiento, el organismo ha resaltado que el recurso ha sido declarado inadmisible "por haber operado la cosa juzgada", recordando que "ya se pronunció con anterioridad la Sala Constitucional en sentencia n0614 del 19 de julio de 2016".

   En este sentido, ha recordado que en dicho caso se subrayó que "quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda", lo cual se aplicaría ahora a la fiscal general del país.

   Ortega Díaz anunció el lunes la impugnación del nombramiento que la Asamblea Nacional saliente --dominada por el 'chavismo'-- hizo en diciembre de 2015 de todos los magistrados del TSJ, poco antes de que los nuevos diputados tomaran posesión y cambiaran el equilibrio de poder en el Congreso.

   En una entrevista concedida a Unión Radio explicó que había presentado una demanda de nulidad contra la designación de los 13 titulares y los 20 suplentes porque "el proceso estaba viciado". "Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho", señaló.

   La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- ya intentó con su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional anular el nombramiento 'in extremis' de los magistrados del alto tribunal por considerar que fue fraudulento, pero el TSJ los ratificó en el cargo.

   No es la primera vez que Ortega Díaz se desmarca del 'chavismo', al que ha permanecido fiel durante años. En los últimos meses ha criticado la represión de las manifestaciones opositoras, los juicios militares contra civiles y la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial.

   La semana pasada, arreció su ofensiva contra el Palacio Miraflores y llamó a "todos los venezolanos" a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el presidente por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.

   Ortega Díaz denunció también el lunes que su familia está recibiendo amenazas.

   "A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes", dijo. "Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", añadió

   La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

   El Gobierno de Nicolás Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

   Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Gobierno y oposición se han acusado mutuamente de armar a civiles para desatar la violencia.

   Casi 70 muertos desde abril son la prueba del violento momento que vive Venezuela. Maduro reclamaba esta semana la mediación del Papa Francisco. Sin embargo, las constantes amenazas vertidas desde el Ejecutivo a los opositores, unido a la violenta represión contra los manifestantes que reclaman elecciones y vuelta al orden democrático, no ayudan a rebajar la tensión.

   De hecho, la oposición no da tregua al Gobierno de Maduro. Pese a los más de 13.000 heridos y miles de detenidos, la oposición no se rinde y sus líderes han afirmado en repetidas ocasiones que sólo pararán cuando venza la democracia y se escuche al pueblo.

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