MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de Honduras, en particular la Policía Militar, utilizó una "fuerza excesiva", contra las protestas que estallaron tras las polémicas elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre e incluso podrían ser casos de ejecuciones extrajudiciales, según un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En el informe se detallan las violaciones de Derechos Humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, el 27 de enero y recoge los casos de siete víctimas que murieron como consecuencia de disparos en la cabeza. "Estos casos suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales", denuncia.
En el documento se llega a la conclusión de que al menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas. Al menos 16 de estas víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad. El informe documenta además las muertes de 15 personas, entre los que figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas en el periodo anterior a las elecciones.
Aunque algunos de los manifestantes realizaron actos violentos, en el informe se destaca que "el análisis del tipo de lesiones sufridas por las víctimas, indica que las fuerzas de seguridad hicieron un uso intencional y letal de las armas de fuego, incluso más allá del propósito disuasorio o de defensa propia, como cuando los manifestantes estaban huyendo".
Hasta el 27 de enero, no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
Además, unas 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el 1 de diciembre.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
Los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen "sospechosas de algún modo" de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, "fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados, y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación".
El informe también recoge las "alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o detención", allanamientos ilegales de viviendas y un aumento de las "amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como contra activistas sociales y políticos".
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron "en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009 y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social". Así, insta al Gobierno de Honduras a que entable un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los Derechos Humanos y la reconciliación.
"La situación de Derechos Humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país", ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein.
Entre sus recomendaciones, el informe pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas en las funciones de aplicación de la ley y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
En el informe se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.