TEGUCIGALPA, 5 Jul. (Reuters/EP) -
Un juez ha ordenado este sábado el arresto de la vicepresidenta del Congreso Nacional de Honduras, acusada de estafar al Ministerio de Salud con la venta sobrevalorada de medicamentos, según ha informado un portavoz judicial.
Lena Gutiérrez, del gobernante Partido Nacional, se presentó el viernes ante un juzgado, días después de que las autoridades emitiesen la orden de detención en su contra, la de su padre y dos hermanos bajo cargos de fraude, delitos contra la salud y falsificación de documentos.
El juez ha fijado a Gutiérrez una fianza de 1,42 millones de dólares para poder ser juzgada en libertad y de 948.000 dólares a cada uno de sus familiares, según ha confirmado a la agencia Reuters el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Gutiérrez y sus familiares han negado los cargos y aseguran que en 2009 vendieron la farmacéutica Astropharma, acusada de vender al Gobierno medicamentos con sobreprecio o adulterados.
El juez también ha ordenado la detención domiciliaria de tres ejecutivos de la compañía y les ha impuesto una fianza de 474.000 dólares, mientras que nueve funcionarios del Ministerio de Salud acusados de prevaricación y falsificación de documentos serán juzgados en libertad.
El caso se produce en medio de un fuerte malestar popular por el desfalco de más de 200 millones de dólares en el estatal Instituto del Seguro Social Hondureño (IHSS), centro del mayor escándalo de corrupción del país en décadas y que ha llegado a salpicar al presidente Juan Orlando Hernández.
Desde hace semanas, los hondureños han protagonizado multitudinarias marchas de protesta en las que exigen la renuncia del mandatario, quien reconoció que parte de los fondos de su campaña electoral con la que llegó al poder en 2014 provenían de empresas vinculadas al multimillonario fraude.
Los manifestantes exigen que el Gobierno pida a la ONU que establezca en Honduras una Comisión Internacional Contra la Impunidad similar a la que opera en Guatemala, pero Hernández se ha negado a formular la solicitud.
El Gobierno impulsa un diálogo que ha sido aceptado por varias organizaciones sindicales, empresariales y las iglesias, pero que ha sido rechazado por el llamado movimiento Oposición Indignada y los tres partidos políticos más fuertes del bloque opositor.