MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
Diez de los doce países que forman el Grupo de Lima, con las excepciones de Brasil y Canadá, han expresado este martes su disposición a adoptar "medidas a nivel político, económico y financiero" para propiciar "el restablecimiento del orden democrático en Venezuela".
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú "expresan su disposición a implementar, de conformidad con sus respectivos marcos legales y con el Derecho Internacional aplicable, medidas a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela", han anunciado en una declaración conjunta.
Como primer paso en la búsqueda de una solución política a la crisis que sufre Venezuela, han propuesto "un verdadero diálogo nacional en el que participen todos los actores políticos venezolanos para acordar la celebración de un nuevo proceso electoral que cuente con las garantías democráticas de justicia, libertad y transparencia".
Venezuela celebró el 20 de mayo unas elecciones presidenciales que dieron la victoria al actual mandatario, Nicolás Maduro. Sin embargo, ni la oposición ni la mayoría de la comunidad internacional, incluido el Grupo de Lima, las reconocen "por no cumplir los estándares internacionales".
Gobierno y oposición ya intentaron un diálogo para pactar las condiciones en las que debían celebrarse dichos comicios, pero fracasó. Maduro ha propuesto retomar los contactos como parte de un "proceso de reconciliación nacional" pero la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se niega.
La estrategia de la coalición opositora es aumentar la presión internacional sobre Maduro y la cúpula venezolana a través de sanciones para obligar al Gobierno a convocar nuevas elecciones presidenciales antes de que acabe el año. Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, ya han adoptado medidas punitivas contra funcionarios venezolanos.
Estos diez países han aprovechado para reiterar su condena de "la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, reflejada en la pérdida de instituciones democráticas y la falta de garantías y libertades políticas para todos los ciudadanos".
Además, han expresado su "profunda consternación y alarma por las graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, (...) que incluyen ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios, tortura y malos tratos".
También han reiterado su "llamamiento urgente al Gobierno de Venezuela para que permita el establecimiento de un canal humanitario que facilite brindar la atención inmediata que requieren los venezolanos que siguen atravesando la frontera en estados precarios de salud y desnutrición".
Por otro lado, han llamado la atención acerca de "informaciones recientes sobre la movilización de armamento y aviones de combate por parte de Venezuela a la frontera con Colombia, acciones que se contradicen con el espíritu de la Proclama sobre América Latina como Zona de Paz".
En este contexto, han ratificado su apoyo a "la reciente resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, ante la grave situación en ese país, busca apoyar el restablecimiento de la democracia en Venezuela, en el marco de la Carta Democrática".