Martinelli firma la derogación de la Ley 72 de privatización de la Zona Libre de Colón

Actualizado 28/10/2012 22:59:24 CET

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha firmado este domingo la ley de la Asamblea Nacional por la que se deroga la Ley 72, que habilitaba la venta de terrenos públicos de la Zona Libre de Colón (ZLC), exenta de impuestos, tras más de una semana de protestas contra la medida que se han cobrado la vida de tres personas.

Martinelli ha rubricado la norma en un breve acto público celebrado en el Anfiteatro de la Presidencia de la República y en el que no realizó ningún tipo de declaración. Al acto han asistido varios de los ministros de su Gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional Sergio Gálvez, según informa la cadena de televisión Telesur.

El mandatario panameño, de gira por Asia durante los últimos días pese a los graves disturbios, tiene previsto dirigirse esta tarde (madrugada en España) a la nación "en un mensaje televisado y que será transmitido por radio para dar su punto de vista sobre las protestas que han habido en los últimos nueve días que dejaron un saldo de cuatro muertos y decenas de heridos", según la Presidencia.

La anulación fue tramitada anoche a propuesta del Gobierno del presidente Ricardo Martinelli y refrendada por la Asamblea con 59 votos a favor y ninguno en contra y con la inclusión de un artículo por el que se creará una comisión de investigación sobre la represión y para esclarecer las muertes.

Durante la sesión, el diputado del Partido Panameñista por la provincia de Colón Miguel Salas ha pedido castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y "sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea".

Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares. El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para presentar un informe ante la Asamblea.