Actualizado 16/06/2018 09:04

El Gobierno peruano afirma que analizará el fallo de la CIDH en relación con el indulto a Fujimori

Alberto Fujimori
GETTY - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia de Perú ha anunciado este viernes de que analizará en profundidad el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que exige a Perú que evalúe el indulto al expresidente Alberto Fujimori, concedido por el también expresidente Pedro Pablo Kucynski, antes del 29 de octubre.

"El Estado peruano, como corresponde, realizará un análisis serio y en profundidad de la sentencia de la Corte IDH", ha asegurado el Ministerio de Justicia en un comunicado oficial. La CIDH ha hecho público su fallo este viernes en el que ordena que el Tribunal Constitucional de Perú debe revisar la validez del indulto concedido a Fujimori, para lo cual le ha puesto de plazo el próximo 29 de octubre.

El fallo de la CIDH sostiene que el Gobierno peruano "no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos" de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, los dos casos por los que Fujimori cumplía una pena de 25 años de prisión de la fue indultado en diciembre del año pasado.

El Ministerio de Justicia ha afirmado en su comunicado que el Estado peruano está comprometido a "representar, honrar y respetar los instrumentos internacionales que ha suscrito". La CIDH ha señalado que el indulto fue concedido en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, que se encontraba a un paso de ser destituido por el Congreso.

La decisión de Kuczynski dividió al país andino, ya que varios sectores denunciaron que el indulto formaba parte de un acuerdo secreto con con uno de los hijos de Fujimori, un parlamentario que evitó en el Congreso la destitución del entonces mandatario peruano.

Kuczynski renunció a su cargo como presidente a finales de marzo, a raíz de una serie de acusaciones de corrupción y un escándalo por denuncias de supuesta compra de votos en el Congreso para rechazar su destitución.