BOGOTÁ, 23 Nov. (Notimérica)-
El 24 de noviembre de 2016 el presidente del Gobierno colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', firmaban el Acuerdo de Paz definitivo que terminó con más de cincuenta años de conflicto armado en el país.
Tras un proceso largo de negociaciones durante más de cuatro años, en los que las partes tuvieron que salvar varios escollos, el 2 de octubre se encontraron con el pareció más insalvable de ellos: la población colombiana votó "no" en el referéndum para la aprobación del Acuerdo.
Poco importó la campaña, el extenso apoyo internacional, los mítines o el 'Colombia se viste de blanco'; el Acuerdo no pudo ser aprobado por la vía prevista. Tras esto, se abriría una nueva negociación en la que Santos dio cabida a algunas de las peticiones de la oposición, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe.
El resultado fue que el 24 de noviembre, hace prácticamente un año, los líderes de las dos partes suscribieron un nuevo Acuerdo que fue días después suscrito por la Cámara de Representantes y el Senado de Colombia, sellando el que había sido un conflicto armado que ha dejado una honda cicatriz en el país.
EL ACUERDO HOY
Doce meses después de la firma del Acuerdo, de 310 páginas, la situación se encuentra lejos de ser idílica.
Uno de los campos fundamentales para las FARC, el acuerdo rural, está lejos de haberse implementado en su totalidad. Aunque algunos compromisos se han cumplido, continúan sin llevarse a cabo el catastro multipropósito y la ley de tierras. Este es uno de los puntos más atrasados del Acuerdo, así como el que más perspectiva largoplacista comporta.
Vinculado a la reforma agraria se encuentra la sustitución de cultivos ilícitos, dividido a su vez en erradicación forzosa y sustitución. Aunque en el campo de la erradicación forzosa se han hecho grandes avances, no ha sido así en la sustitución.
Además, los cultivos de cocaína han supuesto una fuente inagotable de conflictos por parte de los campesinos dedicados a estas plantaciones, que no ven otra salida laboral que continuar con el cultivo de cocaína.
Es en el plano del paso a la vida política de las FARC en el que más se ha avanzado. La guerrilla se encuentra ahora constituida en partido político, bajo las mismas siglas pero diferente nombre, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre con el que concurrirá a las elecciones presidenciales programadas para 2018.
En cuando a la Justicia Especial de Paz (JEP), el proceso se encuentra polarizado y politizado y ha avanzado muy lentamente. Aunque se ha resuelto que mientras los exguerrilleros rinden cuentas a la JEP pueden hacer política, la medida no ha estado exenta de críticas. La división con respecto a las personas aptas y no aptas para conformar este órgano, las competencias que se le suponen y las medidas que pueden llevar a cabo, han estado en constante disputa, según ha publicado 'El Espectador'.
Por otra parte, el abandono y la entrega de las armas, llevado a cabo a partir de las zonas veredales y con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha sido bastante exitoso: el Estado se ha deshecho de 7.000 fusiles y han reconocido la existencia de 900 zulos, que aún se encuentran en proceso de extracción.
Aunque el Acuerdo ha avanzado en materia de participación política y entrega de armas, en los otros aspectos principales --sustitución de cultivos, reforma agraria o justicia transicional-- ha sido lento, ineficaz y, en algunos de los casos, nulo.
NUEVAS AMENAZAS
Además de la implementación del Acuerdo, la escasa eficacia, y en ocasiones ausencia, de los planes de formación para los excombatientes, el fortalecimiento de otros grupos criminales, así como la actividad de la disidencia de las FARC, que se ha negado a aceptar el orden constitucional, han sido los retos principales de la Paz.
En cuanto a la formación, los aspectos de educación del Acuerdo, el desarrollo de una economía colaborativa o la formación laboral para la reinserción en la vida civil de los guerrilleros ha funcionado de forma lenta y en muchos casos ni siquiera se ha llevado a cabo, lo que supone la desincentivación de la participación en la paz.
Además, el estado ha sido incapaz de evitar que otros grupos criminales, como cárteles de la droga o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ocupen los territorios abandonados por las FARC, fortaleciéndose así económicamente.
Por otro lado, la disidencia de las FARC ha pasado de ser un problema casi anecdótico, con unos 200 guerrilleros que continuaban con la lucha a principio de año, para pasar a ser un problema real y urgente, con casi el millar que hay en la actualidad, según ha publicado 'Esglobal'.
La implementación del Acuerdo se ha confesado como un choque de lo pactado con las instituciones del país, que no albergan los mecanismos, los recursos o, en algunos casos, la voluntad de cumplir con todo lo pactado.
A esta situación se suman las elecciones presidenciales programadas para la primavera de 2018 que supondrán la politización de un proceso que ya lo está de forma inevitable por aquellos --casi todos-- que olvidan que la Paz no es un asunto de Gobierno, sino de Estado.