MADRID, 23 Nov. (Notimérica)-
Según la ONG Alianza por la Solidaridad, el 50 por ciento de los casi ocho millones de víctimas del conflicto colombiano entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han sido mujeres, siendo la violencia sexual un arma de guerra usada por ambos bandos.
La organización afirma que, un año después de la firma del Acuerdo de Paz, la violencia sexual no ha cesado y las más afectadas son las mujeres indígenas, afrocolombianas o rurales. Además sostiene que las colombianas no se sienten suficientemente representadas en los acuerdos, en los espacios de toma de decisión, ni en las políticas o planes en desarrollo.
Para visibilizar esta situación, Alianza por la Paz organizó recientemente el seminario 'El Territorio como espacio de Paz en Colombia', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. El objetivo del seminario también era abrir una mesa de debate sobre el enfoque de género y la paz territorial.
En el acto participaron Pilar Rueda, Charo Mina Rojas, Aída Quilcué y Camila Cienfuegos, cuatro mujeres que han tomado parte en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Pilar Rueda, defensora de los derechos de las mujeres y asesora de la Secretaría Ejecutiva de la JEP en género e infancia, fue una de las tres expertas en la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones (La Habana, Cuba); Charo Mina Rojas, Coordinadora Nacional de Promoción y Difusión del Proceso de Comunidades Negras (PCN), formó parte de la Comisión responsable de la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz; Aída Quilcué, Consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), formó parte de la mesa del diálogo de La Habana y Camila Cienfuegos, integrante del Estado Mayor Central y de la Comisión de Organización de las FARC, estuvo al cargo de la relación con los medios de comunicación por parte de Colombia y fue integrante de la Subcomisión de Género.
VIOLENTAR EL TERRITORIO
Aída Quilcué unió los temas de la paz territorial y la situación de las mujeres y del colectivo indígena señalando que la guerra significa "violentar el territorio" y "la muerte de los pueblos indígenas en sus territorios" para después añadir que "al violentar a las mujeres también se violenta al territorio". También sostuvo que "ninguno de los acuerdos para los indígenas firmados por el presidente Santos han sido cumplidos" y que "el Gobierno no tiene voluntad para negociar con nosotros ni para cumplir". Además declaró de manera contundente que "para los pueblos indígenas la violencia empezó no hace 60 años, sino desde 1942".
Mina Rojas, secundó ese planteamiento. "La guerra no es un tema de los últimos 50 años, para los pueblos afrodescendientes esto es un tema de guerras milenarias, de guerras en los territorios y que va mucho más allá del conflicto armado interno", dijo. Por último describió el enfoque de género en el acuerdo de paz como "una oportunidad de llegar a las raíces de la violencia contra las mujeres en el país".
La exguerrillera de las FARC Camila Cienfuegos dejó en su intervención una sentencia firme: "Colombia nunca ha sabido lo que es la paz", pero añadió una gota de coraje: "ni vencimos ni nos vencieron, pero necesitamos la colaboración de toda la sociedad para implantar la paz".
En cuanto al acuerdo de paz firmado hace un año, Mina Rojas indicó que "tenemos una oportunidad enorme de transformar las condiciones actuales del país, pero también es importante que tengamos en cuenta que aún hay una parte del país que tiene por delante el reto mayor". "Es muy importante que tengamos claro cuáles son los retos que tenemos para alcanzar la paz. Colombia tiene que afrontar la realidad que ya tiene, nosotras (las mujeres) podemos decir que hay necesidad de afrontar la necesidad del país para ver qué es lo que hay que cambiar", agregó.
El responsable de Movimiento por la Paz-MPDL en Colombia, Ángel Jiménez, preguntó a las ponentes por su visión sobre la persistencia de la violencia en los territorios y sobre qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para que el tema de la violencia sexual se visibilice.
ENFERMEDAD ESTRUCTURAL
La primera en responder fue Pilar Rueda: "El planteamiento de la violencia sexual es distinto según el territorio, por eso el análisis de la violencia sexual debe ser territorial". "Los temas de violencia sexual no se pueden hacer en el mismo territorio en el que está la víctima, hay que apoyar y empoderar a las víctimas mucho", señaló. También agregó que "hay que saber cuál es la responsabilidad del Estado. Paz para nosotros es que podamos tener nuestro territorio", añadió. Quilcué indicó que "este tema no es sólo una tarea de las mujeres sino una tarea de la sociedad" y definió la violencia sexual como "una enfermedad estructural".
En septiembre de 2015 se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Entre las competencias del Tribunal para la Paz (órgano de cierre de la JEP) estaba el encargarse de delitos de acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual. Luego, dentro los órganos de la JEP estaría la Unidad de Investigación y Acusación, la cual debía contar con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Sin embargo, el pasado 15 de noviembre el legislativo colombiano aprobó un artículo nuevo de la JEP según el cual los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes no irán a la justicia especial sino a la ordinaria.
Pilar Rueda, cargó contra la aprobación de este artículo, diciendo que "haber sacado la violencia sexual del ámbito del conflicto es una cachicada (deterioro) muy fuerte" y que "la justicia ordinaria cuando se trata de violencia sexual no funciona".
DE NUEVO A LA SOMBRA
A la pregunta sobre qué consecuencias implica ese cambio respondió que, mientras la incorporación de la violencia sexual en el acuerdo le daba un estatus distinto y una tipificación mayor, dando a las víctimas de violencia sexual la consideración de víctimas del conflicto armado y con ello un carácter político, pasar estos delitos a la justicia ordinaria implicaba quitarles ese carácter político y llevarlos "de nuevo a la sombra".
Preguntada por los problemas que tiene la justicia ordinaria en Colombia para juzgar estos delitos, explicó que los delitos contra los niños y contra las mujeres entran a través de la Comisaría de Familia, cuyo titular es nombrado por el alcalde de las localidades. Este nombramiento podría eliminar la desaparición de poderes. Sobre esta misma decisión del legislativo de pasar los delitos de violencia sexual a la justicia ordinaria, Mina Rojas dijo que "al Estado no le interesa tener la capacidad para atender la justicia sexual" y que "lo que se ha abierto para nosotras es un hueco enorme de impunidad".
Cuestionadas sobre de dónde sacan el coraje para luchar, Rueda indicó que "trabajar temas de violencia sexual me demostró que la valentía es cosa de mujeres, esa misma valentía la he visto en las mujeres que fueron elegidas para ser magistradas en la JEP". "Colombia está haciendo un gran esfuerzo por un sistema de justicia que representa a las mujeres, esto es lo que nos da la valentía", añadió.
Aída Quilcué señaló que "la fuerza nos la da la madre tierra y también las comunidades. Lo que nos ha tocado a las mujeres es romper modelos, esquemas, ideologías", afirmó.
"Cada segundo de mi vida hay una mujer que agarra una bandera, se levanta y sigue adelante y claro, yo no me puedo quedar detrás de ellas", indicó Mina Rojas. Cienfuegos lo dejó claro: "Luchar juntas es lo que nos ha dado la valentía".