BOGOTÁ, 17 Nov. (Colprensa/Notimérica) -
Con el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las partes han tratado de contentar a los líderes del 'No' al documento original, después de que el pueblo rechazara lo negociado en La Habana.
En este contexto, los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, principales detractores del acuerdo inicial, han sido los protagonistas de una efectiva campaña contra los criterios y condiciones establecidos para la paz en Colombia, después de más de medio siglo de conflicto.
Así, dado que en esta segunda versión del acuerdo se han tomado en cuenta sus peticiones, desde 'Colprensa' han recogido las demandas más destacadas de los dos exmandatarios, así como de la exministra Marta Lucía Ramírez. ¿Se han tenido en consideración sus propuestas?
JUSTICIA
Sobre la Justicia, uno de los puntos más polémicos, el partido de Uribe, Centro Democrático, propuso que se eliminara la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y crear las "cortes para la paz", dentro de la jurisdicción ordinaria. Al respecto, Ramírez llegó a proponer que se hiciera una sala especial en la Corte Suprema de Justicia.
En el nuevo acuerdo, este modelo no se elimina. No obstante, sí que se antepone la jurisdicción ordinaria en casos en los que antes prevalecía la JEP. Un ejemplo de esto es que, en caso de que haya un conflicto de competencias, éste lo resolverá una Sala Incidental compuesta por tres magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y tres magistrados de las salas o secciones de la JEP no afectadas por el asunto.
Además, en La Habana se tuvo en cuenta la propuesta de Pastrana sobre que las acciones de tutela sean revisadas por la Corte Constitucional en última instancia, pues la primera será la Sección de Revisión y la segunda la Sección de Apelaciones.
Asimismo, se puso en práctica su propuesta de establecer un límite de tiempo para la jurisdicción, aunque se varió su duración. De esta manera, el nuevo plazo para la finalización de las funciones de la jurisdicción será de diez años para evaluar los casos y cinco para los juicios.
Otro cambio que se registra en el nuevo documento es la especificación sobre la sanción restrictiva de la libertad, pues los jueces tendrán que establecer los espacios territoriales donde se ubicarán los sancionados, pondrán los horarios de cumplimiento de las sanciones, se establecerá el lugar de residencia y solo se permitirá la salida de estas personas con un permiso.
También se eliminan los magistrados internacionales como lo pidieron los líderes del 'No', pero se mantiene una figura que permite que expertos internacionales opinen sobre los casos pero no tengan decisión sobre los mismos.
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
En el punto de participación política, debido a que el Centro Democrático planteó que el Estatuto de Oposición debería ser redactado como prioridad nacional y no, decían, como un documento que gradúa a las FARC de legítimo opositor, se incluyó de manera expresa la obligación constitucional por la que se hace necesario crearlo para garantizar los derechos de todos los partidos políticos.
Sobre las garantías a la protesta social que se planteaban en el acuerdo original, se agregaron apartados como el siguiente: "Garantías plenas para la movilización sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta". Esta petición concretamente fue realizada por la exministra Ramírez.
El nuevo acuerdo también trae una especificación sobre las 16 circunscripciones especiales que se darán por dos periodos electorales para las personas que residan en zonas de conflicto. Ahora se especifica que además de los partidos políticos con representación en el Congreso, el partido de las FARC tampoco podrá aspirar a esos escaños.
No obstante, en la renegociación no se acogió a la propuesta de que las FARC tuvieran los mismos recursos y herramientas que los demás grupos, aunque sí se modificó la financiación.
Al movimiento político que surja del grupo guerrillero se le había dicho que se le daría el 10 por ciento anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos. Ahora, se les promete una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos con personalidad jurídica en las elecciones previas a la firma del acuerdo final.
Asimismo, el 'uribismo' solicitaba la prohibición al futuro partido de tener un representante de manera transitoria en el Consejo Nacional Electoral, una petición que no fue aceptada.
Por último, a pesar de que los líderes del 'No' reclamaban al Gobierno que negaran los cureles o escaños en la Cámara de Rrepresentantes y el Senado a aquellos exguerrilleros acusados de delitos de lesa humanidad, finalmente esta propuesta no ha tenido cabida en el nuevo acuerdo.
NARCOTRÁFICO
Sobre narcotráfico, Pastrana y Uribe pedían que las FARC entregaran toda la información relacionada con el negocio ilícito. Ante eso, en La Habana se incluyó un párrafo en el que se dice que todos los que compadezcan en la Jurisdicción Especial para la Paz deberán entregar información de manera detallada al respecto.
Algunos líderes del 'No' pedían que se siguiera con el enfoque existente en materia de lucha contra las drogas y que éste se equilibrara con la salud pública. Con el nuevo acuerdo, un punto que se modificó fue el del tratamiento a los pequeños cultivadores para ese propósito.
La modificación consiste en que los cambios que se harían en materia normativa frente a la acción penal en contra de los pequeños cultivadores ahora serían de manera transitoria. Y se especifica que ese tratamiento será revocado si llegan a reincidir en algún eslabón de la cadena del narcotráfico.
Sobre la preocupación a cerca de tomar este delito como un delito conexo, se agregó en la Jurisdicción Especial para la Paz lo siguiente: "Para decidir sobre la conexidad con el delito político de conductas delictivas relacionadas con cultivos de uso ilícito, se tendrán en cuenta los criterios manifestados por la jurisprudencia interna colombiana con aplicación del principio de favorabilidad".
REFORMA RURAL INTEGRAL
En la entrega de propuestas, el Centro Democrático manifestó su preocupación por la posibilidad de que las FARC escogieran a los beneficiarios de los subsidios y de la adjudicación de tierra gratuita. Por ello, en el nuevo acuerdo se especifica que será la autoridad administrativa competente la que los elija con ciertos criterios y creará un registro único de los mismos.
Sobre los criterios de elección, se especificó la priorización a la "población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas". No obstante, no se revisó la ley de Restitución de Tierras, una petición de la oposición ante el desconocimiento de su contenido.
Igualmente, aunque persiste la entrega de tres millones de hectáreas, sí se cambió el tiempo a 12 años para entregarla y se incluyó la asociatividad que había propuesto.
"El Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores", dice ahora el acuerdo.
Sobre la expropiación, preocupación por la que pedían que se incluyera "de conformidad con la ley", el acuerdo ha cambiado con este añadido: "Los procedimientos de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación (extinción del dominio sobre tierras incultas), se aplicarán de conformidad con la Constitucióny siguiendo los criterios establecidos en la leyes vigentes".
Además, también se especifican los mecanismos de participación, que no estaban bien delimitados en primera instanca.
"Los mecanismos de participación que se establezcan para la construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (); en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes, ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas). En el marco de los Planes de desarrollo se establecerán expresamente las características generales y tiempos para garantizar el buen funcionamiento de estos mecanismos de participación".
ENFOQUE DE GÉNERO
Por último, el enfoque de género era uno de los puntos que más precupaba a los sectores del 'No'. Con su lucha, lograron cambiar la "promoción de la no estigmatización en razón de la orienación sexual y la identidad de género diversa", por la "promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados como las mujeres, los pueblos y comunidades étnicas, población LGTBI, los jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, las minorías políticas y religiosas".