Por Leticia M. Ruiz Rodríguez, Universidad Complutense de Madrid *
MADRID, 11 May. (Notimérica) -
Tres son los comicios que se celebran este próximo 15 de mayo de 2016 en el país caribeño: elecciones presidenciales, legislativas y municipales. La introducción de elecciones simultáneas dota de gran relevancia a esta fecha: algo más de seis millones y medio de personas están llamadas a elegir un total de cuatro mil cargos.
Hasta ahora se registraba una participación en elecciones presidenciales en torno al 70%, mientras que en las parlamentarias ésta descendía hasta casi quince puntos. Una reforma constitucional en el año 2010 programó que desde 2016 las elecciones fueran concurrentes. El esperable efecto arrastre de las elecciones presidenciales sobre el resto de convocatorias, tanto en la intención de voto como en los niveles de movilización, se podrá comprobar al finalizar la próxima semana.
A propósito de las elecciones son muchos los aspectos de la campaña electoral y de los arreglos entre los partidos dominicanos que pueden entretener al analista. La mayor parte de éstos vienen a confirmar la existencia de un sistema de partidos con baja estructuración programática y con un predominio del elemento clientelar, no sólo en la relación con los ciudadanos reseñada en los estudios sobre cultura política, sino en la interacción entre la élite de los distintos partidos.
Junto a estos rasgos, existe un auténtico protagonista de la contienda que está a punto de finalizar: un pacto estratégico firmado entre los dos partidos más votados en los últimos comicios (PLD y PRD) y durante décadas rivales. Tras la progresiva debacle del PRSC, el otrora tripartito sistema de partidos dominicano había evolucionado a lo largo de los años noventa hacia una suerte de bipartidismo consistente en una distribución desigual de votos y escaños a favor del PRD. Ello dejaba al PLD en una situación de segundo partido en desventaja. El gobierno más reciente del PRD se remonta al mandato de Hipólito Mejía (2000-2004), pero antes de dicha presidencia (Leonel Fernández 1996-2000) y durante tres elecciones consecutivas posteriores (Leonel Fernandez 2004-2008, 2008-2012 y Danilo Medina desde 2012) el PLD ha renovado victorias electorales en presidenciales y en legislativas y el PRD ha permanecido en la oposición.
En este contexto, al menos tres factores han hecho posible el pacto entre PLD y PRD firmado el año pasado. Por una parte, la descomposición organizativa del PRD que ha sufrido una escisión con la creación en 2014 tras las últimas elecciones presidenciales de un nuevo partido político, el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Por otra parte, el predominio en las cámaras legislativas del partido del presidente Medina (PLD) que le ha permitido una ágil negociación de la reforma de la Constitución que ha alterado nuevamente las reglas relativas a la reelección presidencial que ya habían cambiado en la reforma constitucional de 2010. Cinco años más tarde, en 2015, se ha establecido la posibilidad de reelección consecutiva por un único período (limitada, por lo tanto, a dos mandatos presidenciales). A todo ello se ha unido la mayor popularidad del presidente incumbente, frente a posibles candidatos presidenciales del PRD, para imponer una candidatura unificada en torno a Medina. A su vez, se el acuerdo se completa con la construcción conjunta de algunas listas en las elecciones parlamentarias y municipales.
El blindaje que se genera con este pacto tiene vocación de monopolizar la representación política y prevenirla de las alternancias. Los partidos y líderes protagonistas de esta operación esperan un resultado ventajoso que asegure su predominio electoral a costa de cuoteos y arreglos. Pero, a la vez, el pacto representa un alto precio para el sistema político en su conjunto. Se introducen, al menos, tres efectos nocivos para los electores. Por un lado, los dominicanos se ven privados del ejercicio de accountability. Esta alianza entre los dos partidos más votados de los últimos comicios (PLD y PRD) hace improbable la alternancia que es uno de los mecanismos para controlar al gobierno. Los representados pierden la capacidad de sancionar o premiar a sus gobernantes que están ahora parapetados tras una suerte de gran coalición con supuestos fines programáticos.
Por otra parte, el pacto electoral resta representatividad al sistema de partidos. Los dos partidos que lo protagonizan tienen un origen común ya que el PLD surgió como una escisión del PRD en 1973, pero habían articulado un discurso ideológico muy alejado el uno del otro. El PLD ocupaba una suerte de centro-derecha mientras que el PRD se posicionaba en el centro-izquierda. Además, junto a ambos partidos un conjunto de pequeños etiquetas partidistas se han visto impelidas a alinearse contrayéndose aún más la oferta electoral. Todo ello resta de diversidad ideológica al sistema de partidos y sitúa al elector en un escenario de opciones ideológicas más restringido y sólo parcialmente paliado por la candidatura que plantea el PRM.
En tercer lugar, el pacto ahonda en el problema de la desestructuración programática del sistema de partidos dominicano. Los electores no se pueden guiar por un programa para decidir su voto, ni por la orientación ideológica de los partidos, ya que ambos aspectos carecen de relevancia en la interacción partidista y de éstos con los electores. Se confirma la centralidad del arreglo clientelar que comienza por las élites de los partidos y permea en las diferentes capas del sistema político y de la sociedad dominicana reseñada en diferentes estudios especializados.
Aunque los sondeos para las elecciones presidenciales sugieran el éxito del pacto electoral que situaría a Danilo Medina nuevamente como presidente frente al candidato Luis Abinader (PRM) que sería el segundo más votado, sin embargo, el coste de esta alianza estratégica para el conjunto del sistema constituye un efecto colateral que no es menor. Detrás de un aparente proyecto para llevar a cabo reformas estructurales que necesitan de un apoyo mayoritario se esconde un pacto utilitario y disfuncional para el sistema político. La élite perredista y peledista debería reflexionar más allá de su propia supervivencia electoral sobre la continuidad del mismo si en algún momento desean aumentar la calidad de la democracia de República Dominicana.
* Leticia M. Ruiz Rodríguez es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Autora de libros y artículos relacionados con la dinámica política desde una perspectiva comparada. Es coautora de 'El votante dominicano. Ciudadanos y elecciones en República Dominicana', libro de próxima publicación por la JCE y la EFEC de República Dominicana.