BOGOTÁ, 27 Nov. (Reuters/Notimérica) -
Durante el conflicto en Colombia, que lleva activo más de medio siglo, tanto la guerrilla como los sectores paramilitares de ultraderecha se han apoderado de más de 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas, ganaderas y ricas en recursos minerales, después de asesinar a sus propietarios o de amenazarlos y obligarlos a huir.
El Gobierno colombiano inició un proceso hace más de tres años para devolver las tierras despojadas a cientos de miles de personas en Colombia durante el conflicto, pero Amnistía Internacional ha denunciado que debido a la lentitud para aplicar las medidas e impulsar proyectos productivos, la restitución podría fracasar.
La ley promulgada por el presidente, Juan Manuel Santos, busca indemnizar a los afectados desde 1985 por la lucha interna del país, pero también busca devolver a campesinos, indígenas y miembros de pequeñas comunidades las tierras que les fueron arrebatadas después de 1991.
"Si no se producen cambios importantes en la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, esta fracasará y millones de personas quedarán en un limbo sobre el derecho a la verdad, la Justicia y la reparación, y sin tierra en donde empezar una nueva vida", ha indicado el portavoz de AI Esteban Beltrán.
Sin embargo, la iniciativa se enfrenta a varios problemas como el retraso de la Justicia para aprobar las sentencias de restitución, la falta de proyectos productivos que permitan subsistir a quienes regresan y las amenazas, además de asesinatos de desterrados a manos de grupos armados ilegales podrían hacer fracasar la iniciativa, según ha denunciado AI.
Uno de los mayores problemas son los riesgos que enfrentan las personas que reclaman. Treinta y cinco líderes de grupos de despojados de sus tierras han sido asesinados por paramilitares que se oponen a la restitución de tierras para defender sus imperios económicos, y muchos otros reciben amenazas. "La impunidad es absoluta", ha indicado Beltrán, que ha asegurado que no es suficiente la entrega de un título para que se cumpla la ley.
Además de esta ley, la entrega de tierras a campesinos fue el primer acuerdo alcanzado el 26 de mayo de 2013 en las negociaciones de paz en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La clave fue un Fondo de Tierras, "con el propósito de lograr la democratización en el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades más afectadas por el conflicto, promoviendo una desconcentración y una distribución equitativa".
Según la organización, el proceso se complica porque muchos campesinos no tienen títulos para demostrar su propiedad y porque muchas empresas o personas que desarrollan proyectos agrícolas o mineros mantienen las tierras ocupadas con credenciales ilegales, asegurando que las compraron de buena fe.
AI ha estudiado durante dos años los pasos que se han dado para la restitución de tierras y ha asegurado que sólo está avanzando en un 10 por ciento de los 1.103 municipios del país.
Mientras que el Gobierno colombiano asegura que se han devuelto 84.000 hectáreas a unas 6.000 personas, AI indica que sólo se han restituido casi 30.000 hectáreas a menos de 3.000 personas, según ha asegurado Beltrán.
TE PUEDE INTERESAR...
Víctimas de Colombia, las más afectadas por la suspensión del diálogo
Víctimas del conflicto colombiano, en la mesa de los diálogos de paz