La retirada de 70.000 pensiones por discapacidad en Argentina lleva al ministerio de Desarrollo Social a retratarse

CAROLINA STANLEY Y MACRI
WIKIMEDIA
Publicado 16/06/2017 12:25:29CET

   BUENOS AIRES, 16 Jun. (Notimérica) -

   Los recortes en las pensiones por invalidez y vejez llevados a cabo por el Gobierno de Mauricio Macri --que ascienden a un total de 70.000-- han llevado a que oposición y ciudadanía protesten de manera masiva, obligando al ministerio de Desarrollo Social a dar marcha atrás y manifestar su intención de revisar los casos.

   Desde que Mauricio Macri llegara al poder en Argentina, las ayudas y pensiones otorgadas por el kirchenerismo en las últimas décadas se han visto reducidas y las cuentas de cientos de argentinos se han reducido notablemente y sin aviso previo.

   A consecuencia de los recortes que el Gobierno de Macri ha llevado a cabo para poder cumplir con el 4.2 por ciento en el límite de déficit fiscal para el año 2017, el ministerio de Desarrollo Social ha dado de baja "a 170.000 discapacitados por 800 millones de pesos", según dijo el diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano a la agencia Télam.

   Las críticas opositoras y de los afectados han sido notables, llevando incluso a la convocatoria de concentraciones en varios puntos del país en repulsa a la quita de las ayudas, que según cifras oficiales es de 70.000. Uno de ellos es el de la medallista de oro en los Juegos Paralímpios de Río 2016 - 100 metros de la categoría T36, Yanina Martínez.

   Según recoge el diario argentino 'La Nación', la deportista no cobra su ayuda por discapacidad desde el mes de febrero del año 2017, a quien se le retiró bajo la justificación de que la atleta estaba "facturando como monotributista", dijo la madre de Martínez, Claudia Chávez.

   Tal y como aseguran desde el medio de comunicación, la excusa no es suficiente para el cese de la atribución económica, que en cualquier caso podría haber sido únicamente una suspensión. Otros tantos ciudadanos argentinos han considerado que la quita de sus ayudas se ha llevado a cabo de manera irregular, tomando la queja un carácter público que, finalmente, llevó a que la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, rectificara.

   Según indicó en una rueda de prensa esta semana, las pensiones por invalidez siguen vigentes, asegurando que "quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan, de que no vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones", recoge 'La Nación'.

   Como manifestó, "cada uno de los casos que fue un error nos duele, pero tenemos responsabilidad como Estado de luchar contra las mafias y el clientelismo", sosteniendo que "vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores" y reconociendo que "es probable" que el funcionariado responsable de la situación actual tenga que "retirarse" de su cargo, informa en diario 'Clarín'.

   Para la ministra, "se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente", asegurando que se van a revisar aquellos casos de quita donde ha podido haber errores, pero teniendo en cuenta que "venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones, y nosotros no vamos a convalidar las mafias, por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos".

   Por su parte, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, ha indicado que "si bien el error se cometió y se subsanó inmediatamente, me parece es que es una cosa muy baja que haya políticos que aprovechen esta situación para hacer política, asustando a aquellos que tienen necesidad de presencia del Estado", dice 'Clarín'.

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