FARC
ELIANA APONTE / REUTERS

   MADRID, 13 Nov. (Notimérica)-

   Todo sucedió un 2 de mayo del año 2002, mientras la Unión Europea (UE) finalizaba la segunda versión ampliada de su lista de grupos terroristas, la población de un aldea del noroeste de Colombia fue brutalmente masacrada al caer una bomba casera lanzada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   El artefacto explosivo fue lanzado por la guerrilla contra un grupo de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se habían resguardado detrás de la iglesia de la aldea de Bellavista, en el departamento de Chocó. Gran parte de la población acudió en masa hacia el interior del templo (único lugar del poblado construido con ladrillos) para evitar el fuego de las FARC.

   Sin embargo, la bomba dirigida para los paramilitares cayó en el centro del altar de la iglesia dejando 119 fallecidos, entre ellos 44 niños, y 98 personas resultaron heridas.

   Entre las víctimas se encontraban alrededor de nueve o diez mujeres embarazadas; algunos de los fetos fueron hallados pegados a los muros de la iglesia, según recordaría años más tarde el párroco de Bellavista Antún Ramos, según ha informado 'Sputnik'.

SOLICITUD

   Después de este terrible suceso, el entonces presidente de Colombia Andrés Pastrana (1998-2002), solicitó el 17 de mayo de 2002 a la UE --durante una cumbre birregional UE-América Latina y el Caribe en Madrid-- que incluyera a las FARC en su lista de grupos terroristas en la que ya estaban las ultraderechistas AUC.

   Las FARC, señaló entonces Pastrana, "son las únicas responsables del genocidio cometido el día 2 en la localidad de Bojayá, en el noroccidental departamento de Chocó".

   Asimismo, la UE que había actualizado ese mismo 2 de mayo su lista de organizaciones terroristas, tuvo que modificarla un mes después, el 6 de junio de 2002, para incluir a las FARC tras el genocidio de Bellavista.

LISTA DE LA UE

   La lista de la UE en materia de terrorismo incluye a personas o grupos que actúan dentro o fuera del territorio de la Unión y es revisada regularmente por el Consejo (institución en la que están representados los Gobiernos de los Estados miembros), al menos, cada seis meses.

   Los integrantes de esa lista pueden ser objeto de congelación de fondos o bienes financieros en la UE y de medidas restrictivas en relación con la cooperación policial y judicial.

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