MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras han acordado este martes crear una fuerza conjunta para hacer frente al crimen organizado, entre otros planes de seguridad en la región.
"Hemos conjuntado esfuerzos como región, como países para combatir el crimen transnacional y hay compromisos que vamos a comenzar a aplicar, algunos de ellos a partir del mes de septiembre, como la conformación de una fuerza trinacional", ha detallado el mandatario de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
Así, ha detallado que el acuerdo contempla, además de la creación de una fuerza conjunta, la realización de operaciones coordinadas y la entrega de información de Inteligencia, según ha informado el diario salvadoreño 'La Prensa Gráfica'.
"También en el marco de este plan, hemos conformado los grupos de alto nivel en materia de seguridad (entre los tres países) y hemos firmado los instrumentos legales correspondientes", ha agregado.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha expresado su apoyo "a todo proyecto y acción que conduzcan a las naciones y pueblos a una mejor zona de habitación y una mejor zona para vivir".
En esta línea se ha expresado su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández, quien ha destacado que el acuerdo permite a los tres países "adelantarse a los grupos criminales".
"Lo que tenemos que hacer los centroamericanos, y particularmente los que vivimos en el Triángulo Norte de Centroamérica, es luchar por recuperar la paz y la tranquilidad a la que tenemos derecho los seres humanos que vivimos en esta latitud", ha apostillado.
El Triángulo Norte es una de las regiones más peligrosas del mundo, según Naciones Unidas, lo que se ha convertido en un factor cada vez más determinante en el éxodo masivo de decenas de miles de centroamericanos que cada año tratan de entrar ilegalmente en Estados Unidos buscando un futuro mejor.
En Honduras y El Salvador, donde los índices de homicidios son más alarmantes por las luchas territoriales de las pandillas, los gobiernos están recurriendo cada vez más a los militares para enfrentar el crimen, lo que ha sido criticado por activistas de Derechos Humanos.