MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Venezuela ha criticado la decisión del vicepresidente primero del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, de solicitar protección diplomática a Chile y ha asegurado, frente a los "actos de injerencia", que el dirigente opositor tiene "todas las garantías jurídicas" para defenderse de las acusaciones.
Guevara pidió protección "ante lo que estima inminentes amenazas a su seguridad e integridad personal", según desveló el Gobierno de Chile en un comunicado. Por el momento se encuentra en calidad de "huésped" en la residencia del embajador en Caracas, a la espera de que se resuelva su futuro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictaminó la retirada la inmunidad parlamentaria a Guevara por "cometer varios delitos en flagrancia" y le ha prohibido salir del país, sin dar motivos concretos. "De acuerdo a las leyes venezolanas, (...) dispone de todas las garantías jurídicas para preparar su defensa conforme al debido proceso tal cual lo establecen la Constitución y las leyes", ha explicado este lunes el Ministerio de Exteriores venezolano.
El Departamento que lidera Jorge Arreaza ha recordado que Venezuela se rige por la "separación de poderes", si bien en el mismo comunicado también ha considerado que "resultan públicas y notorias" las acciones presuntamente delictivas que le habrían costado a Guevara la retirada del aforamiento.
En este sentido, le ha señalado como responsable de las "acciones violentas de desestabilización política conocidas como 'las guarimbas'", en alusión a la reciente ola de protestas que, según Caracas, dejó "un doloroso saldo de pérdidas humanas y daños materiales" entre abril y julio.
"Corresponde a los tribunales ordinarios de la República la confirmación o no de esta presunción y las actuaciones que dicte en ejercicio de la potestad exclusiva de administración de justicia", ha apostillado.
"TUTELAR LA DEMOCRACIA"
El Ministerio de Exteriores no ha hecho alusión concreta a Chile en su nota, pero sí ha expresado su "enérgico repudio" a los "permanentes actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela por parte de gobiernos, organizaciones y personas que se arrogan --de manera insolente-- una pretendida e inexistente licencia para tutelar la democracia venezolana y sus instituciones".
Caracas ha exigido el cese "inmediato" de dichas "agresiones", en las que atisba una campaña para "alentar y reactivar la desestabilización y la violencia" en el país sudamericano. Por este motivo, ha instado a la ciudadanía venezolana a mantenerse "enfocado" en el proceso electoral para derrotar "cualquier intento de agresión".