CARACAS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha solicitado este martes al pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que haga un antejuicio de mérito contra los ocho magistrados que integran la Sala Constitucional del TSJ por "conspirar" para "desmantelar el Estado" por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.
Ortega Díaz ha esgrimido que los ocho magistrados --seis titulares y dos suplentes-- han incurrido en "un delito de conspiración contra la forma republicana de la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal" venezolano, según informa el diario local 'El Nacional'.
La jefa del Ministerio Público se ha basado en la decisión 378 de la Sala Constitucional, que apoya la Asamblea Constituyente convocada por Maduro que, en opinión de Ortega Díaz, "revive la democracia representativa y deroga la democracia participativa y protagónica". "Transfiere a un poder constituido la soberanía que solamente puede ejercer el pueblo", ha afirmado.
También ha aludido a las sentencias 155 y 156, emitidas el pasado marzo y que han provocado la actual crisis política, con las que el TSJ despojó de inmunidad a los diputados y de toda autoridad a la Asamblea Nacional, que está en poder de la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015. "Fue una ruptura del orden constitucional", ha reiterado.
Ortega Díaz ha indicado que, si bien el TSJ aclaró dichas sentencias, tal como le pidió el Gobierno a través del Consejo Nacional de Defensa, "no entraron a conocer el fondo" de las mismas, a pesar de que "prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional" y se le concedían poderes especiales a Maduro.
Para la fiscal general, estas decisiones de la Sala Constitucional "indudablemente ponen en peligro la democracia, requisito indispensable para la paz". "No es a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias", ha subrayado.
Ortega Díaz ha advertido de que el objetivo final es "desmantelar el Estado". "No es posible que el TSJ (decida) 'hoy no me gusta la Asamblea Nacional, la elimino; mañana no me gusta el Ministerio Público, lo elimino; mañana no me gusta otro organismo, lo elimino'. Necesitamos seguridad (...), no caprichos", ha enfatizado.
IMPUGNACIÓN
Por otro lado, la funcionaria venezolana anunció el lunes que ha decidido impugnar el nombramiento que la Asamblea Nacional saliente --dominada por el 'chavismo'-- hizo en diciembre de 2015 de todos los magistrados del TSJ, poco antes de que los nuevos diputados tomaran posesión y cambiaran el equilibrio de poder en el Congreso.
En una entrevista concedida a Unión Radio explicó que ha presentado una demanda de nulidad contra la designación de los 13 titulares y los 20 suplentes porque "el proceso estaba viciado". "Si los magistrados involucrados en la demanda no se inhiben yo los recuso de pleno derecho", señaló.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) --coalición opositora-- ya intentó con su mayoría absoluta en la Asamblea Nacional anular el nombramiento 'in extremis' de los magistrados del alto tribunal por considerar que fue fraudulento, pero el TSJ los ratificó en el cargo.
NUEVA OPOSITORA
No es la primera vez que Ortega Díaz se desmarca del 'chavismo', al que ha permanecido fiel durante años. En los últimos meses ha criticado la brutal represión de las manifestaciones opositoras, los juicios militares contra civiles y la injerencia del Gobierno en el Poder Judicial.
La semana pasada, arreció su ofensiva contra el Palacio Miraflores y llamó a "todos los venezolanos" a rechazar la Asamblea Constituyente convocada por el presidente por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez.
Ortega Díaz denunció el lunes que su familia ha recibido amenazas. "A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes", dijo. "Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", añadió.