Actualizado 19/08/2017 19:28

El Parlamento venezolano rechaza el "fraudulento" despojo de sus potestades por parte de aliados de Maduro


CARACAS, 19 Ago. (Reuters/EP) -

El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, ha vuelto a denunciar este sábado el "fraudulento" despojo de sus facultades por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo plenipotenciario dominado por los aliados del presidente Nicolás Maduro, y ha manifestado que seguirá legislando.

El Parlamento se ha ratificado así en sus funciones originales después de que la Constituyente asumiera oficialmente ayer sus facultades, una medida que generó críticas a nivel internacional, incluidos Estados Unidos y un grupo de 12 países latinoamericanos.

El sábado, acompañado por los embajadores de Alemania, Italia, Chile, Polonia y Reino Unido, el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo que no aceptarán "ninguna" decisión emanada de la constituyente y seguirán trabajando, a pesar que la justicia ha bloqueado todas sus leyes desde que se renovó el Congreso, a principios del 2016.

"Desconocemos, rechazamos y no obedeceremos esa pretendida disolución. Aquí nadie se come el cuento de que no lo disolvieron, sino que le quitaron las competencias", ha declarado Guevara. "Se parecen a Cantinflas cuando decía: 'yo no la maté, sólo la asesiné'", agregó.

"Vamos a estar aquí en resistencia. Este es un Parlamento en resistencia frente a una dictadura militar armada que secuestró sus espacios y que militarmente obtiene lo que no pudo obtener con los votos", ha agregado poco antes de romper el decreto que despoja de sus facultades al Parlamento.

Guevara ha añadido que el Parlamento abrirá una investigación a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente -todos partidarios del oficialismo- por "usurpación de funciones".

Además, ha asegurado que profundizarán en su agenda de presión internacional buscando mayor apoyo para lograr la restitución del hilo democrático que, aseguran, se terminó de romper con la instalación de la Asamblea Constituyente que sesionará hasta por dos años con miras a reescribir la carta magna del país.