Venezuela tacha de "grotesca farsa mediática" el informe de la OEA que aconseja remitir el caso al TPI

Simpatizantes de Nicolás Maduro en la noche electoral
REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
Publicado 30/05/2018 13:38:40CET

   WASHINGTON, 30 May. (EUROPA PRESS) -

   La misión permanente de Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) ha calificado de "grotesca farsa mediática" el informe publicado el martes por el bloque regional que aconseja remitir el caso venezolano al Tribunal Penal Internacional (TPI) por los supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

   La delegación venezolana ha sostenido que "dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada", ya que ni la OEA ni su secretario general, Luis Almagro, impulsor del informe, poseen competencias judiciales sobre los estados miembro. "En tal sentido no es más que una grotesca farsa mediática", ha criticado.

   El informe, elaborado por los expertos independientes Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá) y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), está elaborado a partir los testimonios recogidos en las audiencias públicas celebradas en septiembre, octubre y noviembre de 2017 en la OEA sobre Venezuela, así como en "material recopilado de partes interesadas, de la sociedad civil, organizaciones intergubernamentales" e información pública.

   Para la legación venezolana, "las denominadas 'audiencias públicas', iniciativa personal del secretario general, son parte de una campaña de propaganda contra el Estado venezolano, cuyo único objetivo es derrocar al Gobierno constitucional a través de la desestabilización de las instituciones democráticas, la generación del caos y la violencia interna".

   Ha cargado además contra el coordinador de tales audiencias, el ex fiscal jefe del TPI Luis Moreno Ocampo, por su "pública y notoria falta de integridad moral", recordando que "se encuentra inmerso en graves denuncias sobre sobornos, colusión y tráfico de influencias dentro del Tribunal Penal Internacional".

   En la misma línea, ha señalado "la parcialidad del trío de activistas antivenezolanos escogidos arbitrariamente por el secretario general para llevar a cabo tal operación". "Han adelantado todos, y por muchos años, opiniones contrarias al Gobierno venezolano, lo cual los inhabilita éticamente", ha considerado.

   Ha desacreditado igualmente "el uso de testimonios de fugitivos de la justicia venezolana, interesados en asegurar su propia impunidad", porque "elimina toda credibilidad". "No tiene sentido otorgarle 'valor probatorio' a quienes tienen causas abiertas en tribunales venezolanos", ha esgrimido.

   Asimismo, ha reprochado a Almagro que, a pesar de la "insistente solicitud" del Gobierno de Maduro, "nunca rindió cuentas sobre el origen de los fondos de esta maniobra de propaganda y hasta la fecha persiste la opacidad respecto a su

   financiamiento", apuntando a la existencia de "un poder económico desconocido".

   "La práctica negativa que se ha instaurado en la OEA de publicar informes, emitir declaraciones y convocar a eventos a nombre de la Organización, sin que en realidad respondan a un consenso o mandato de los estados miembros, solo profundizará la crisis institucional de la OEA", ha alertado.

VENEZUELA ANTE EL TPI

   Los expertos regionales han determinado en el informe, presentado el martes en la sede de la OEA en Washington tras cinco meses de investigaciones, que "existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela que se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014".

   En concreto, han denunciado la existencia de "un patrón de ataques generalizados y sistemáticos contra la oposición, identificada como todo aquel que expresa puntos de vista que discrepan de la ideología del Gobierno bolivariano (...), con arreglo a una política de Estado encaminada a la supresión de los puntos de vista y las opiniones de las personas que se muestran en desacuerdo".

   Han identificado un total de 131 asesinatos durante las protestas opositoras de 2014 y 2017 a manos de las fuerzas de seguridad y los llamados "colectivos" --grupos de civiles armados afines al Gobierno--; 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015; más de 12.000 detenciones arbitrarias desde 2013; y más de 1.300 presos políticos.

   En consecuencia, han recomendado a Almagro que "remita este informe y la evidencia recopilada (...) a la Oficina de la Fiscal del Tribunal Penal Internacional", Fatou Bensouda, para su análisis y, como medida complementaria, le han aconsejado que "invite a los estados parte en el Estatuto de Roma (tratado fundacional del TPI) a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía" con el propósito de que Bensouda abra una investigación formal.

   De materializarse, no sería la primera denuncia sobre Venezuela en el TPI. La fiscal jefe ya ha recibido varias procedentes de la oposición y en base a ellas Bensouda ordenó el pasado mes de febrero abrir un examen preliminar, paso inicial de un largo proceso que en último término podría acabar con condenas contra dirigentes venezolanos.

   El TPI, del que Venezuela es país miembro, no juzga países, sino personas, por lo que debería formular acusaciones con nombres y apellidos. Además, al ser un tribunal subsidiario, solo actúa cuando la justicia nacional no quiere o no puede hacerlo.