16 de junio de 1955, Argentina, objetivo: asesinar a Perón

Bombardeo plaza de mayo argentina
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Publicado 16/06/2018 0:19:47CET

   BUENOS AIRES, 16 Jun. (Notimérica) -

   El 16 de junio de 1955, en Buenos Aires (Argentina), los militares de la Marina y la Aeronáutica, apoyados por la Iglesia Católica bombardearon la principal plaza de la ciudad, la Plaza de Mayo, en un frustrado intento de golpe de Estado contra el entonces presidente Juan Domingo Perón, donde murieron más de 300 personas y 2000 resultaron heridas. La violencia con la que se ejecutó el hecho hizo que años después se vinculase con el terrorismo de Estado.

   El objetivo de la insurreción era asesinar al presidente Perón, que contaba con el apoyo del Ejército, y llevar a cabo un golpe de Estado por lo que bombardearon con munición aérea y terrestre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, así como el edificio de la Confederación General del Trabajo (CGT).

   El primer gobierno de Perón (1946-1952) se desarrolló con una fuerte oposición 'antiperonista', formada y organizada incluso antes de las elecciones, lo que llevó al primer intento de golpe de Estado en 1951. A partir de entonces algunos militares opositores ya habían permanecido en estado de conspiración permanente, sobre todo después de que Perón volviese a ganar ese mismo año.

   Tras varios intentos de ataque por parte de los 'antiperonistas' durante el primer Gobierno de Perón, el vicealmirante Benjamín Gargiulo y el contralmirante Samuel Toranzo Calcerón organizaron a sus hombres del Batallón de Infantería de Marina 4 en la base aeronaval de Punta de Indio con el fin de tomar la Casa Rosada el 16 de junio de 1955. Finalmente, después de varias horas esperando para atacar debido a las condiciones meteorológicas, se dio la orden de bombardear la Plaza de Mayo.

   Perón, tras ser informado de los movimientos militares por el Ministerio de Guerra, quien le pidió que abandonase la Casa de Gobierno, se trasladó a la sede del mismo Ministerio, con el fin de esquivar el ataque.

   La sorpresa de la irrupción fue entre la población, que desarrollaba sus actividades normales debido a que era un día hábil. Entre las primeras víctimas se encontraban los ocupantes de un vehículo de transporte público repleto de niños. Este ataque sobre la población fue conocido como el 'bautismo de fuego' de la Aviación Naval Argentina y de la Fuerza Aérea.

   Como consecuencia, desde el interior de la Casa de Gobierno y el Ministerio de Guerra, el bando leal comenzó a organizar la resistencia, a lo que se sumaron miles de obreros simpatizantes 'peronistas' que se movilizaron para respaldar a las tropas leales, pero fueron atacados al llegar por una segunda ola de bombardeos. En total, 14 toneladas de explosivos cayeron sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires, según recoge el diario 'El Clarín'.

   Los civiles convocados por la CGT y los dirigentes de la Alianza Libertadora Nacionalista se concentraron en el sector noroeste de la plaza y desde el Ministerio de Guerra atacaron a los rebeldes. Aún así, los elementos del Batallón 4 se replegaron hasta el Ministerio de Marina combatiendo por las calles, enfrentándose a la Policía y disparando como francotiradores desde los techos del entonces edificio Banco Nación. Por lo tanto, el comandante peronista Lucero y el entonces ministro de Marina, Aníbal Olivieri, iniciaron conversaciones telefónicas para cesar el combate, lo que hizo que los rebeldes finalmente ondearan una bandera blanca desde el Ministerio de la Marina. Aún así los ataques no cesaron hasta que fracasó el combate en tierra, tras sufrir dos derribos por las baterías aéreas al final de la tarde y después de que los rebeldes recibieron la orden de huir a Uruguay y pedir asilo.

   Tras el duro conflicto, los insurrectos decidieron entregar el Ministerio de Marina a las unidades del Ejército y a las tres de la mañana del 17 de junio, se comunicó a los líderes del alzamiento, Oliveri, Gargiulu y Toranzo que serían juzgados bajo la ley. A pesar del juicio, se les ofreció a cada uno un arma para terminar con sus vidas. Olivieri y Toranzo afrontaron los actos ante la corte y fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, el vicealmirante Gargiulo decidió suicidarse en su oficina.

LA QUEMA DE IGLESIAS DESPUÉS DEL BOMBARDEO

   La misma noche de la masacre de la Plaza de Mayo, como represalia al asesinato de varios centenares de civiles y simpatizantes 'peronistas' y en conocimiento de la estrecha relación entre la cúpula eclesiástica y los organizadores del atentando, los partidarios del Gobierno incendiaron la Arquidiócesis de Buenos Aires, conocida como la Curia Metropolitana, las basílicas de Santo Domingo y San Francisco junto con otras ocho iglesias, sin que los policías y bomberos hiciesen nada por impedirlo.

   A pesar de la situación de conflicto, Perón intentó una reconciliación con los sectores opositores y abandonó su política de confrontación tratando de calmar a la clase trabajadora mediante mensajes por la radio. Este bombardeo fue uno de los antecedentes directos del levantamiento cívico-militar contra Perón que se produciría tres meses después y que instauraría la autodenominada dictadura Revolución Libertadora.

   En la década de los 2000 se abrieron varias causas para calificar el acto como crimen contra la humanidad, reconocido en el año 2008 por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires.

   Asimismo, en el año 2010 se publicó una investigación oficial realizada por el Archivo de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se identificaron a 308 fallecidos, aclarando que "esa cantidad debían sumarse un número de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones".

    El Senado en el año 2013 convirtió en ley por unanimidad un proyecto del Ejecutivo que incluye a las víctimas de los atentados y bombardeos ocurridos el 16 de junio hasta el 16 de septiembre de 1955 --día que se produjo la insurrección de la Revolución Libertadora-- como beneficiarios de las leyes de indemnización por haber estado detenidos o por haber sufrido cualquier acto de fuerza considerada no lícita por el Estado.