Amnistía Internacional avisa del "elevadísimo" número de violaciones de los Derechos Humanos en Iberoamérica

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Actualizado 11/05/2018 14:06:10 CET

   MADRID, 11 May. (Notimérica) -

   Amnistía Internacional (AI) avisa del "elevadísimo" número de personas en toda la región iberoamericana que afronta la grave crisis de derechos humanos que azota al territorio, la cual aseguran que está siendo alimentada por un retroceso de la aplicación y defensa de dichos derechos en los marcos legislativo, político y judicial de los Estados.

   Según explica el informe, la discriminación, la desigualdad, la marginación y los altos niveles de violencia --con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias-- siguen siendo la norma en todo el continente americano, en especial en los países que componen la región de América Latina y el Caribe.

   Como consecuencia de dicha situación, y como agravante al mismo tiempo, se da un alto nivel de desconfianza por parte de la ciudadanía hacia las autoridades y las instituciones públicas, especialmente a los sistemas nacionales de justicia. La impunidad generalizada viene además acompañada de las graves problemáticas de las tácticas represivas a las que han recurrido varios gobiernos latinoamericanos en los últimos tiempos, que además de dejar varias víctimas mortales, registran cientos de heridos, detenidos y torturados.

IMPUNIDAD, FACTOR GENERAL

   La impunidad sigue siendo generalizada y factor clave en los abusos y violaciones de los derechos humanos en muchos países de América Latina. Tal y como menciona el artículo, uno de los ejemplos de impunidad que más rechazo internacional ha mostrado ha sido el indulto concedido al expresidente peruano Alberto Fujimori --condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad-- por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aparentemente una decisión que ha respondido una táctica política.

   De la misma manera, debe tenerse en cuenta el caso de la impunidad y la corrupción en Guatemala, las cuales provocaron grandes protestas en agosto y septiembre de 2017. El país afrontó una crisis política cuando varios miembros del Gobierno de Jimmy Morales renunciaron a sus cargos por el intento del presidente de expulsar al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo independiente establecido en 2006 por el gobierno y la ONU para reforzar el Estado de derecho. Actualmente, el presidente continúa al frente.

   La respuesta ciudadana frente a estas situaciones ha sido notable a lo largo de todo el 2017, registrándose masivas manifestaciones y protestas a lo largo de toda la región. Sin embargo, tal y como ha denunciado AI, dichos hechos no han hecho sino dar visión a otro de los problemas que sufre América Latina: las autoridades de varios países, incluidos Colombia, Paraguay, Nicaragua, Argentina o Venezuela, han respondido a estas protestas con un uso innecesario y excesivo de la fuerza.

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   El caso más grave ha sido el registrado en Venezuela: Amnistía Internacional asegura que las fuerzas de seguridad hicieron uso abusivo de la fuerza contra quienes protestaban y, entre otras cosas, emplearon gas lacrimógeno y balas de goma, que causaron más de 120 muertes. Miles de venezolanos han sido detenidos de forma arbitraria, y se han registrado numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos.

   En Paraguay, tras desatarse protestas por el intento secreto de varios senadores de enmendar la Constitución para permitir la reelección presidencial, la policía mató al activista de oposición Rodrigo Quintana. Además, en el marco del mismo conflicto hubo decenas de heridos, más de 200 detenidos, así como se han denunciado torturas y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad.

   En Nicaragua, agentes de policía impidieron a comunidades rurales y pueblos indígenas participar en manifestaciones contra el Gran Canal Interoceánico. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad han ejercido una fuerte represión contra los manifestantes, en su mayoría estudiantes, que han salido a las calles en el último mes contra el Gobierno de Daniel Ortega y el intento de su Gobierno de modificar la legislación sobre los seguros sociales.

   Por otro lado, en Argentina la policía detuvo de "manera arbitraria" a más de 30 personas en Buenos Aires por participar en una manifestación tras la muerte del artesano y activista Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado meses después de desaparecer en el contexto de una protesta interrumpida por la violencia policial en una comunidad mapuche.

PELIGRO DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES

   AI asegura que han sido pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de los colectivos sociales más vulnerables, como las mujeres y niñas; migrantes y apátridas; lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), así como la población indígena.

   En toda la región, las mujeres y las niñas continúan siendo sometidas a una amplia gama de abusos y violaciones de derechos humanos, que incluían violencia y discriminación de género y violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos. La mayor parte de los países de la región han registrado en 2017 protestas y campañas por la seguridad de las mujeres, expandiéndose lemas como el argentino 'Ni Una Menos', y recriminando la cultura machista y patriarcal que impera en los Estados.

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   En materia de derechos reproductivos, el aborto continúa estando criminalizado en la mayor parte de la región latinoamericana. Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile que permite la interrupción del embarazo bajo tres causales, solo siete países en todo el mundo mantienen la prohibición total del aborto, cuatro iberoamericanos: República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

   Dos de los casos más escandalosos que expone AI están registrados en El Salvador: Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, ha sido condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas que le provocaron un aborto; en diciembre, un tribunal confirmó la condena a 30 años de prisión para Teodora, una mujer que en 2007 había dado a luz a un bebé muerto.

VIOLENCIA

   Por otro lado, los riesgos extremos que conllevaba defender los derechos humanos han quedado patentes en numerosos países de la región. Defensores y defensoras de los derechos humanos afrontan a diario amenazas, hostigamiento y ataques en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, entre otros lugares.

   En México, a lo largo del año 2017, al menos 12 periodistas fueron asesinados violentamente (la cifra más alta registrada desde el año 2000), varios en espacios públicos y a la luz del día, y habiendo denunciado amenazas con anterioridad. Además, pudo comprobarse la existencia de una red de amenazas a periodistas en todo México y se dieron indicios de vigilancia a periodistas y personas que defendían los derechos humanos mediante un programa informático adquirido por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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   Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente, asegura AI. El colectivo es blanco de acciones de agentes tanto estatales como no estatales, y la mayoría de los ataques registrados quedan impunes.

   Sin embargo, preocupa notablemente el incremento del número de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia, especialmente lideresas y líderes comunitarios, defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, y personas que hacen campaña en favor del proceso de paz. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, citada por Amnistía Internacional, casi 100 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio a lo largo del año.