La Asociación Española de Pediatría apoya a sus compañeros nicaragüenses

Manifestación contra el Gobierno de Daniel Ortega en Managua
REUTERS / OSWALDO RIVAS
Actualizado 21/08/2018 20:11:25 CET

   MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha expresado su "apoyo incondicional" a los pediatras de Nicaragua "ante la grave situación sanitaria que están vivendo", y ha alertado del "impacto perjudicial que tendrá el despido de profesionales sanitarios nicaragüenses".

   A través de un comunicado, la AEP ha mostrado su solidaridad con sus compañeros nicaragüenses por los enfrentamientos entre partidarios del presidente, Daniel Ortega, y manifestantes que se han extendido durante más de tres meses. Según grupos de derechos humanos de Nicaragua, ya se han producido más de 300 muertos, sumiendo al país centroamericano en su mayor crisis política desde el triunfo de la revolución sandinista hace cuatro décadas.

   Así, lamentan "la injusticia que está sufriendo este país por la persecución del ejercicio médico desde el pasado mes de abril", a lo que añaden que la situación es "especialmente" grave en el cuidado de los pacientes más enfermos y en lo que respecta al manejo nutricional y al tratamiento de las enfermedades infecciosas.

   "Mostramos nuestro total rechazo a que no puedan desarrollar el más elemental ejercicio humanitario de atender a los heridos. Los profesionales sanitarios nos debemos a la vida, a la salud, y al juramento hipocrático", aseguran desde la Asociación Española de Pediatría.

   Por otra parte, denuncian "los despidos ilegales y arbitrarios, sin aplicación de ningún artículo, que están sufriendo muchos profesionales sanitarios, así como las persecuciones y amenazas por atender a los estudiantes heridos".

   Tal y como hizo la Federación de Sociedades Científico Médicas de España (FACME), a la cual pertenecen junto con otras 41 sociedades científicas, recuerdan que la Resolución 2286 (2016) de la ONU, aprobada por el Consejo de Seguridad, señala que, en una situación de conflicto armado, el personal sanitario "tiene el deber de prestar servicios médicos competentes con plena independencia profesional y moral".

   En último lugar, la AEP confía en la "pronta resolución del conflicto, con la mediación de las organizaciones internacionales competentes".