CIUDAD DE MÉXICO, 15 nov (Reuters) -
Autoridades mexicanas han anunciado este martes la captura de uno de los presuntos autores de la que es considerada como una de las peores masacres sufridas por el colectivo migrante en el país azteca, la cual dejó 72 víctimas mortales en la localidad norteña de San Fernando en el año 2010, y de la cual, hasta el momento, no hay ninguna condena.
En medio de una la de violencia de los cárteles del narcotráfico está protagonizando en estado mexicano de Tamaulipas, en el que se encuentra también el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad nacionales habrían indentificado al sospechoso como Martiniano de Jesús 'N', quien ha sido arrestado en un hospital de Ciudad Victoria en una operación encabezada por la Policía Federal.
Las autoridades han asegurado que el detenido, de 56 años, habría sido el encargado de coordinar la matanza de los 58 hombres y las 14 mujeres migrantes --mayormente centroamericanos-- que murieron a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos en agosto de 2010 y cuyos cuerpos fueron encontrados en un rancho abandonado de la zona con las manos atadas, los ojos vendados y un tiro en la cabeza.
Tal y como indica la Comisión Nacional de Seguridad en un comunicado recogido por 'Reuters', el implicado podría estar también involucrado en otros crímenes en esta región azteca, como el reciente asesinato de una activista y el secuestro de un estadounidense.
IRREGULARIDADES EN EL CASO
El pasado mes de agosto, cuando se cumplió el séptimo aniversario de la matanza, familiares de las víctimas reclamaban al Gobierno de Enrique Peña Nieto y a la Procuraduría General de la República que se llevaran a cabo resoluciones en cuanto a los presuntos implicados en el caso, que en dicho momento constaba con 15 personas imputadas pero ninguna condenada.
Activistas y familiares pedían la reapertura del expediente del caso, pues existen además dudas sobre la identificación de los cadáveres, a los cuales supuestamente se les realizó una prueba de ADN comparada con el de sus allegados pero éstos no pudieron ver los cuerpos de sus seres queridos tras su asesinato.
Una integrante del área jurídica de la Fundación para la Justicia, Ana Sandra Salinas, indicaba que "desde que la Unidad de Investigación que tiene el caso no se ha hecho nada por darle seguimiento a las consignaciones y condenas", según informaba 'Animal Político'.