LONDRES, 22 Jun. (Thomson Reuters Foundation/EP/Notimérica) -
La estrategia estadounidense para limitar la migración desde América Central supondrá violaciones de los Derechos Humanos en la región y forzará a más personas a abandonar sus viviendas, según académicos y activistas.
La Alianza para la Prosperidad, una iniciativa encabezada por Estados Unidos, tiene como objetivo reducir la migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras financiando proyectos de desarrollo y operaciones de seguridad contra bandas criminales en la región.
La Alianza, lanzada en 2014 por el Gobierno de Barack Obama, comprometió 750 millones de dólares (alrededor de 671 millones de euros) en financiación durante cinco años para crear puestos de trabajo y reducir la tasa de asesinatos y la corrupción.
Esta política está siendo modificada por la Administración de Donald Trump para fomentar la inversión en el sector privado y aumentar las acciones policiales en estos países.
La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, John Kelly, expresó su deseo de que el acuerdo dé a los ciudadanos de la región la seguridad y las oportunidades económicas necesarias para que permanezcan en sus países.
Sin embargo, activistas y académicos han resaltado que los recortes en las regulaciones y las facilidades a la inversión en grandes proyectos de infraestructura podrían empeorar los desplazamientos.
Las presas hidroeléctricas, los destinos turísticos de lujo y los medios de transporte internos, proyectos generalmente respaldados por inversores extranjeros, están entre las principales causas de los desplazamientos en la región, según ONG.
En este sentido, Billy Kyte, líder de la campaña de Global Witness, ha destacado que el silencio de la Alianza para la Prosperidad sobre derechos de propiedad significa que más gente podría ser desplazada de sus territorios.
"En este momento el plan supone una receta para un aumento de la pobreza y la inseguridad y causará probablemente más desplazamientos", ha resaltado, en declaraciones a Thomson Reuters Foundation.
En esta línea se han expresado Amnistía Internacional (AI) y Oxfam, que sostienen que la estrategia se ciñe a un modelo fundamentado en la inversión privada que ha fracasado a la hora de reducir la migración durante décadas, mostrando además su preocupación sobre posibles abusos al hilo de la misma.
El Salvador, Honduras y Guatemala, conocidos como el Triángulo del Norte, y el Banco de Desarrollo Interamericano anunciaron el 14 de junio 2.500 millones (unos 2.237 millones de euros) en financiación de proyectos de infraestructura.
Por su parte, Alexander Main, del Centro de Investigación Económica y Política, ha indicado que los detalles que se están haciendo públicos de la nueva Alianza apuntan a una debilitación de las condiciones de trabajo y los derechos de propiedad de la tierra.