BOGOTÁ, 18 May. (Notimérica) -
Este viernes se cumplen tres años del accidente de autobús que dejó 33 niños muertos por calcinación y hasta 20 heridos, algunos de ellos de gravedad. El vehículo volvía de un servicio religioso desde Fundación, al oeste de Colombia. Fue una tragedia que cubrió de luto la campaña electoral.
El Gobierno de Colombia decretó tres días de 'duelo nacional' en solidaridad con el luto de sus familias y amigos, y a través del Ministerio de Salud comunicó que garantizaba el "apoyo económico para cubrir los gastos de traslados y su atención integral".
Tres años más tarde, los familiares de los niños fallecidos solo han recibido apoyo psicológico y han interpuesto una demanda contra el Estado de 10.000 millones de dólares para exigir que se castigue a los culpables del caso, que por el momento ha dejado de tres personas culpables, una absuelta.
Los padres y madres indicaron ante el Tribunal Administrativo de Cudinamarca que en la tragedia que se originó tras el incendio del autobús se presentaron inconsciencias por parte de las autoridades municipales y departamentales, así como el Ministerio de Transporte no tomó las acciones de control frente al vehículo que registró fallos mecánicos.
Esta demanda aún no ha sido admitida por el Tribunal Administrativo, pero los familiares buscan con ella una indemización por parte del Estado, dadas las presuntas omisiones de vigilancia. También, reclaman perjuicios morales, daños en derechos constitucionales y convencionales y derechos humanos ratificados por Colombia en tratados internacionales.
El conductor del autobús siniestrado, Juan Gutierrez Ospino, el integrante de la iglesia a la que pertenecían los menores, encargado de contratar el servicio de transporte, Manuel Ibarra y el dueño del autobús, Alfredo Esqueda Chávez, fueron señalados por cometer delito de homicidio grave al ser conscientes de los fallos técnicos del vehículo que provocaron el accidente.
Desde un principio, la Fiscalía aprobó que se enfrentasen a la pena máxima contemplada por la ley vigente en el país, que se sitúa en 60 años de cárcel. El conductor, que se dió a la fuga tras el siniestro, no tenía permiso de conducir y el vehículo llevaba más de dos años sin pasar revisión técnica.
Por su parte, Ibarra, fue detenido por la Policía después de que la Fiscalía General de la Nación, emitiese una orden de captura en su contra. En abril de 2015, el Tribunal Superior de Santa Marta revocó la libertad del dueño del autobús.
En la actualidad, los acusados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía donde se calificó lo ocurrido como homicidio simple, no grave. Los dos procesados que están presos están a la espera que se les dicte condena, después de haber preacordado con la Fiscalía.
Cuando se aprobó el preacuerdo, los representantes de las víctimas solicitaron que no se aprobara el preacuerdo con el argumento de que no se tuvo en cuenta su posición, ni sus derechos en el momento de su realización.
TRÁGICO SUCESO
El accidente se produjo el 18 de mayo del 2014, alrededor de las 12.00 (hora local), cuando el autobús en el que viajaban los niños desde Fundación, Magdalena, hasta Bosconia, en el departamento de César, se incendió a la altura de la localidad Luna Roja. Se encontraban regresando de un servicio religioso dominical.
En un primer momento, se especuló con que el autobús transportaba gasolina de contrabando, una práctica muy extendida en la costa. Según el diario 'El Tiempo', el autobús funcionaba a gas pero contaba con gasolina de apoyo, lo que le permitía circular de modo alternativo con ambos tipos de combustible.
Por ello, se pensó desde un primer momento que el conductor intentó cambiar de gas a gasolina, lo que que hizo saltar la chispa que provocó la explosión. Al final, todas las investigaciones de las autoridades apuntaron a fallos técnicos del vehículo.
A estos hechos, se le sumó que el conductor tampoco contaba con la documentación en regla y no había pasado la revisión técnico-mecánica obligatoria. El autobús carecía de salidas de emergencia, por lo que los menores quedaron atrapados en su interior y murieron calcinados.
Durante la tragedia, no se pudo hacer nada, los vecinos del barrio Altamira, corrieron a ayudar a los pequeños e intentaron en vano apagar las llamas. Algunos de los niños y niñas lograron salir del bus por las ventanas pero otros no, al ser más pequeños.