BRASILIA, 23 Jun. (Notimérica) -
Brasil fue el país donde más asesinatos de defensores de la tierra y del medio ambiente se produjeron en todo el mundo durante el año 2015 con un total de 50 muertes, 17 más que en Filipinas y 24 más que en Colombia, quienes ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.
Así lo cuenta la ONG Global Witness en su informe 'Terreno Peligroso'. En total, 185 personas murieron el pasado año por estos motivos, suponiendo el número más alto jamás registrado por la ONG y un aumento del 59 por ciento con respecto a 2014. De todos ellos, 64 pertenecían a comunidades indígenas.
Tras Colombia, Perú y Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11) han sido los países con mayor número de asesinatos en dicho periodo. Desde 2002, la organización reporta que se han producido un total 1.176 casos en total.
En 2015, hasta 16 países sufrieron las consecuencias de los gobiernos que se tapan los ojos ante la creciente ola de violencia contra activistas medioambientales. El periodista y ambientalista brasileño Felipez Milanez cree que "la violencia se ha legitimado como una parte normal de la política".
Por si fuera poco, la organización piensa que el número de casos es mayor, pero muchos de ellos quedan indocumentados y apenas son investigados.
Además, no solo se cometen asesinatos y desalojos de tierras. Se ha observado una creciente tendencia de criminalización del trabajo de los defensores de las tierras y el medio ambiente. Los gobiernos y las empresas usan medidas legales para atacar y obstaculizar su defensa sobre sus terrenos.
LAS CAUSAS
De acuerdo al informe, cada vez hay más empresas que invaden tierras indígenas y silencian a quienes se oponen a sus planes de extracción de recursos. En particular, las industrias mineras y extractivas son las principales responsables de estos crímenes, estando relacionadas con al menos 42 casos en 10 países solo en 2015.
En este sentido, los países más afectados fueron Perú y Filipinas (11 casos) y Colombia (7). Generalmente, los afectados protestan ante la negativa de las empresas mineras a consultar a las comunidades locales sobre proyectos que afectarían a su tierra y entorno. En muchas ocasiones, sus voces se silencian mediante violentas represalias por parte de poderosos terratenientes o empresas.
Las empresas mineras están aumentado su producción para compensar la pérdida de beneficios ocasionada por la bajada de precios de las materias primas. Este incremento tiene graves consecuencias medioambientales.
Por ejemplo, el año pasado se produjo en las Minas Gerais (Brasil) la muerte de 10 habitantes por culpa del barrido tóxico vertido por la rotura de una presa propiedad de una empresa minera.
En el caso de Perú, el 80 por ciento de los 69 asesinatos cometidos allí desde 2002 estuvieron relacionados con el sector minero.
Por otra parte, las plantaciones agroindustriales están relacionadas con al menos 20 casos, principalmente en Filipinas y Brasil (7).
Tanto el sector minero como el agroindustrial motivan la invasión de tierras indígenas ricas en recursos naturales sin explotar, lo que provoca violentos conflictos entre los nativos y los terratenientes. Solo en Nicaragua, el año pasado asesinaron a 12 líderes comunitarios por esta razón.
Otro factor implicado en estos crímenes es la tala de árboles, generalmente asociada a madereros ilegales que habían entrado en áreas protegidas o en territorios indígenas. Este fenómeno causó la muerte de otras 15 personas el pasado año, los mismos que las presas hidroeléctricas y los proyectos de irrigación.
En el estado brasileño de Maranhão se ha visto una proliferación de la tala ilegal, donde gran parte de la selva amazónica ha quedado arrasada. Este estado, junto con el de Pará y Rondonia, es donde más asesinatos se han producido en el país en 2015, fomentados por la invasión de tierras rurales por parte de las extensas haciendas y plantaciones.
En cuanto a las presas hidroeléctricas, se ha producido un incremento de su construcción en varios países en desarrollo, propiciando una serie de disputas con las comunidades locales.
Así, en Honduras, México y Guatemala 15 personas perdieron la vida protestando contra proyectos hidroeléctricos, y muchas más se vieron obligadas a abandonar sus hogares por miedo a las represalias.
LOS AUTORES
Los principales responsables de los asesinatos en Brasil fueron los ganaderos y madereros ilegales, quienes contratan a sicarios para acallar a aquellos que se oponen a sus actividades.
Al respecto, la experta de las Naciones Unidas Tauli-Corpuz habló de "una guerra abierta" en alusión a cómo la frontera agrícola está expandiéndose y adentrándose en la Amazonia.
Pero rara vez hay autores de asesinatos de defensores que comparecen ante la justicia debido a que los gobiernos no investigan ni procesan adecuadamente a nadie por estos delitos.
Muchas autoridades o bien cierran los ojos o impiden activamente la investigación de estos asesinatos por la connivencia que existe entre intereses corporativos y estatales, los principales sospechosos de los ataques.
Ejemplo de ello es el impúdico ataque que sufrió el defensor del medio ambiente Rigoberto Lima Choc en Guatemala, a quien asesinaron a tiros en las escaleras de un juzgado local tras denunciar la contaminación de un río cercano.
Y, en ocasiones, a pesar de que se identifica al responsable material del hecho, no se profundiza en averiguar la identidad del autor intelectual, lo que hace sospechar que hay entes poderosos detrás.
El año pasado, Global Witness señaló a los presuntos responsables de 97 asesinatos en donde tanto Estados como empresas estuvieron implicados.
Solo en Colombia, grupos paramilitares llevaron a cabo 16 ejecuciones extrajudiciales con el presunto respaldo del Ejército y de intereses empresariales.
La ONG también señala que diversas empresas y grandes terratenientes contrataron a hombres armados bajo la máscara de seguridad privada, sospechosos de cometer 11 asesinatos en Brasil y Filipinas.
HORROR INDÍGENA
La población indígena representa el 6 por ciento del total mundial, abarcando un 20 por ciento del territorio de tierra del planeta. Terrenos que cada vez se destinan en mayor medida a la explotación. Además, estas comunidades enfrentan la problemática de que los gobiernos no reconocen sus derechos a decidir sobre sus tierras.
Algunos de los países más peligrosos para ejercer la defensa del medio ambiente son Perú, Colombia, Honduras y Brasil como consecuencia de la pasividad de los gobiernos ante estos crímenes.
Los defensores de la tierra y el medio ambiente de estas comunidades están siendo asesinados en cantidades nunca antes vistas por enfrentarse a las empresas mineras que contaminan sus fuentes de agua, acaparan sus tierras y ponen en peligro su sustento.