CIUDAD DE MÉXICO, 10 Dic. (Notimérica) -
Durante el Gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas se han visto involucradas en graves violaciones de Derechos Humanos (DDHH) de forma reiterada --incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura-- en el marco de acciones contra el crimen organizado.
El Gobierno ha logrado pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en contabilizar la enorme cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón iniciase la "guerra contra el narcotráfico" en México.
Durante 2015 han sido varios los episodios oscuros por los que ha pasado México. Debido a la conmemoración del Día de los Derechos Humanos este sábado 10 de diciembre, es posible retomar el informe realizado por la organización internacional Human Rights Watch (HMR) llamado 'Informe Mundial 2016', en el que anualmente se analiza la situación de los Derechos Humanos en el mundo.
En septiembre de 2015, un grupo de expertos designado a través de un acuerdo entre el Gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves fallos en la investigación gubernamental de las desapariciones de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, algo que hizo que las autoridades se vieran obligadas a indagar nuevas líneas de investigación.
Otros problemas que persisten son las restricciones a la libertad de prensa y al acceso a derechos reproductivos y a la atención de la salud.
DESAPARICIONES FORZADAS
De los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, solamente se ha identificado a dos entre los restos que la PGR afirma haber encontrado. Ninguna persona ha sido condenada hasta el momento.
Funcionarios de la Procaduría General de la República (PGR) señalaron que no tenían conocimiento de ningún caso en el cual se hubiera condenado a alguna personas por desapariciones forzadas cometidas en México desde 2007.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
En México "sigue produciéndose un número alarmante" de asesinatos ilegales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad "sistemática y endémica".
En enero de 2015, al menos ocho civiles fueron asesinados en Apatzingán, Michoacán, cuando agentes de la Policía Federal intervinieron en una manifestación a la cual habían concurrido grupos de defensa ciudadana.
En mayo, en un enfrentamiento armado entre policías federales y civiles en el municipio de Tanhuato, en Michoacán, dejó un saldo de un policía y 42 civiles muertos.
ABUSOS MILITARES E IMPUNIDAD
México ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico, la delincuencia organizada y los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de Derechos Humanos.
A fecha de hoy, ningún militar ha sido condenado en relación al asesinato de 22 civiles por soldados en Tlatlaya, Estado de México, en noviembre de 2014.
TORTURA
Es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción, que en general son aplicadas en el período entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Las tácticas más frecuentes incluyen palizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual.
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de Derechos Humanos. Esto se debe a causas que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos. La aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.
ATAQUES A PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DDHH
Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecuciones y agresiones. Entre el año 2000 y octubre de 2015, fueron asesinados en México 103 periodistas y otros 25 desaparecieron.
Las autoridades en general no investigan adecuadamente delitos contra periodistas, y en muchas ocasiones descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. El 89 por ciento de los delitos contra periodistas en México quedan impunes.
En agosto, el fotoperiodista Rubén Espinosa, fue hallado muerto en un departamento en Ciudad de México junto a cuatro mujeres. Todos habían sido torturados antes de ser ejecutados con un único disparo en la cabeza.
DERECHOS DE MUJERES Y NIÑAS
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual. Además, muchas mujeres y jóvenes se enfrentan a graves obstáculos, incluida la información errónea e intimidación por parte de funcionarios, cuando intentan llevar a cabo abortos después de sufrir actos de violencia sexual.
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Ciudad de México desde el año 2010. La Suprema Corte de México dispuso en junio que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer es discriminatoria y viola la Constitución mexicana.
CUIDADOS PALIATIVOS Y DISCAPACIDAD
El Gobierno mexicano adoptó una serie de medidas para implementar normas que mejoren el acceso a cuidados paliativos y terminales, como la creación en junio de un nuevo sistema para recetar y suministrar analgésicos fuertes que mejorasen la atención de la salud de personas con enfermedades avanzadas.
Por otro lado, en el país hay una alta propensión a que se nieguen derechos reproductivos a mujeres mexicanas con discapacidad psicosocial. En julio, un informe de Disability Rights International denunció condiciones inhumanas en establecimientos para personas con discapacidad que reciben financiamiento del Gobierno de Ciudad de México.
SUPUESTAS MEJORAS
A pesar de las graves condiciones en las que se encuentra el país iberoamericano en materia de Derechos Humanos, el pasado mes de septiembre el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció los avances y las iniciativas del Gobierno, además de su decidida voluntad y una favorable coyuntura para impulsar el tema.
Este grupo también dio la bienvenida al compromiso del Gobierno mexicano para la elaboración a corto plazo de un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
Por su parte, las autoridades reconocieron la necesidad de profundizar las acciones de todas las autoridades federales, locales y municipales con el fin de prevenir y atender las potenciales vulneraciones de los Derechos Humanos en las labores empresariales.
No obstante --y frente a los datos proporcionados por el informe de la organización HRW-- el Congreso de los Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado del país, John Kerry, expresando el pasado mes de agosto su "preocupación por la crisis de los Derechos Humanos" que padece México y la persistente falta de justicia para miles de víctimas.
En el escrito, en el que participaron casi 70 legisladores, se reflejó el malestar por las cerca de 27.000 desapariciones desde el año 2007, muchas de ellas aún sin esclarecer. También, los políticos mostraron su descontento por la lentitud en las reformas de las fuerzas armadas, policiales y al aparato de justicia.