Edilberto y Silvia, dos líderes sociales que descansan en España de las amenazas de muerte que sufren en Colombia

Líder social colombiano Edilberto Daza                                                     FOTOGRAFÍA: Jaume Gil / International Action for peace

   MADRID, 13 Abr. (Notimérica - Lara Lussón) -

   Parecía que con la firma de los acuerdos de paz en Colombia se habría camino un nuevo escenario. Parecía que al cesar las FARC su lucha armada también se terminaría con el paramilitarismo y las ansias de poder del Ejército. Parecía que el perdón de las víctimas y el sacrificio de parte de justicia en favor de esa paz reestablecería en el país andino un orden democrático que permitiría, tras más de 50 años de guerra, convivir en un entorno donde se viesen representados los intereses de todos los ciudadanos, donde se legislara con propuestas de ley y no con disparos y bombas. Pero la realidad es que el camino no está siendo fácil y un proceso tan complicado como este se ha saldado, a dieciocho meses de la firma que ponía fin a la lucha armada en América Latina, con más de 220 líderes sociales asesinados.

   Edilberto Daza y Silvia Berrocal son dos líderes comunitarios que, tras ver sus vidas amenazadas en infinitas ocasiones, pasan ahora unos meses en España tratando de descansar y encontrar en Europa la tranquilidad que de ningún modo encuentran en Colombia. Su estancia se enmarca dentro de un programa de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, que les ha seleccionado por considerar que sus vidas corren peligro simplemente por alzarse como defensores de los derechos humanos. La eterna lacra de América Latina.

líder social colombiano edilberto daza

   Edilberto acaba de cumplir 52 años, pero desde adolescente entendió que no podía quedarse impasible ante los abusos que sufría la población campesina. Formó la Fundación por la Defensa en los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia en Meta, su departamento natal, cuyos objetivos son el acompañamiento a las víctimas del conflicto, la pedagogía de paz, la verificación del cese de las hostilidades o la protección de los líderes sociales y las tierras, entre otros, tal y como relata a Notimérica en un pequeño despacho en Madrid.

   Desde su posición de líder comunitario tuvo y tiene que enfrentarse a la estigmatización, las amenazas y las persecuciones diarias que alcanzaron su máximo nivel entre los años 2002 y 2010, con el expresidente Álvaro Uribe dirigiendo el país. Por denunciar a partir de 2005 la presencia militar en las tierras que les arrebataban a los trabajadores del campo tuvo que asumir que su vida cambiaría de manera radical. Su gran logro hasta la fecha, aunque en este punto parece que seguir vivo ya lo es, fue firmar con el general Quiñones un documento de diez puntos por el que se garantizaba que en el departamento de Meta no habría agentes armados cerca de las escuelas, ni de los nacimientos de agua -para evitar la contaminación--, entre otros. Con este pacto se redujo considerablemente la violación de derechos para aquellas comunidades. Tanto fue así que el documento se reprodujo en todo el país, al punto de que los ciudadanos lo llevaban en el bolsillo a tamaño cuartilla como técnica para demostrarle a los militares que había un acuerdo de no violencia y que este llevaba la firma de un general.

   En 2005 le capturaron mientras caminaba de una finca a otra. Pensó que era el Ejército, pero cuando se vio en el suelo con el fusil en la espalda entendió que se trataba de paramilitares. Al reclamarle la documentación, Edilberto sacó un carné que le acreditaba como parte de una Junta de Acción Comunal. "Aquí hay un líder, ¿qué hacemos?", le espetó un hombre a otro, que decidió llamar a su comandante. Poco después lo que escuchó fue: "Ya viene el comandante que nos va a dar la orden para matarlo". La fortuna quiso que ese comandante fuera un antiguo conocido y ordenase su liberación, pero no sin antes advertirle de que la orden que tenían sobre él era la de matarle.

   Salió en 2007 como desplazado interno hacia Bogotá, donde tuvo que pedir dinero en la calle y los transportes públicos para poder sobrevivir en una ciudad inmensa que se le hizo más grande si cabe a alguien que jamás había salido del campo. Aguantó hasta 2009, cuando decidió volver para coordinar, junto con el Gobierno, una misión de verificación cuyo objetivo era demostrar los abusos contra la población rural cometidos tanto por los militares como por las FARC.

   En 2013 sufrió un intento de atentado en Villavicencio, el pueblo de su padre. Había ido a visitarle cuando al salir vio a dos hombres armados en una esquina que se susurraron "es él". Metió la mano al bolso que llevaba rápidamente y quienes iban a matarle pensaron que iba armado y huyeron. Un acto reflejo que le salvó la vida. Al tiempo, el comandante del municipio se acogió a un proceso de justicia y paz y ante la Fiscalía declaró que conocía el nombre de la persona que había ordenado el asesinato de Edilberto. Lejos de condenarle, quien ordenó su muerte es hoy alcalde de una pequeña localidad cercana. A la víctima, de nuevo, no le brindaron protección, como tampoco ocurrió ninguna de las otras más de treinta veces que ha denunciado amenazas contra su persona.

líder social colombiano silvia berrocal

   A sus 63 años, Sivia es una víctima directa del conflicto colombiano. Su hijo falleció en 1994 en un enfrentamiento entre la guerrilla y el Ejército. Pese a haber nacido con madera de líder, fue a partir de aquel momento cuando su activismo se convirtió en su vida. Entró a trabajar en la Fundación Forjando Futuros e impulsó la Corporación de Víctimas sobrevivientes del conflicto en Urabá, su localidad, a través de la cual se gestionan procesos de reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de la guerra, probablemente las más abusadas. Entendió con la muerte de su hijo la necesidad de proteger a los campesinos, siempre pagando con sus vidas los intereses por la tierra de los poderosos.

   Como víctima directa del conflicto viajó tres veces a La Habana y participó en las negociaciones de paz. Perdonaron a quienes destrozaron sus vidas y aceptaron que esa era la mejor salida al conflicto armado. "Desde que descargamos toda esa parte emocional del odio y el rencor hemos conseguido descansar", afirma a Notimérica.

   Recuerda Silvia que fue muy triste como víctimas ver cómo su pueblo no era solidario con sus súplicas y votaba 'No' al plebiscito para refrendar los acuerdos alcanzados en la capital cubana. Las víctimas querían perdonar a cambio de que 7.000 fusiles dejaran de disparar.

   Tras sufrir innumerables amenazas y agresiones --una de ellas terminó con la vida de una compañera, aunque ella logró salvarse--, reconoce estar atemorizada por el auge del paramilitarismo. "Las regiones están en pánico", dice tras preguntarse cómo es posible que desde 2017 haya habido tantos asesinatos de defensores de derechos humanos cuando supuestamente siempre se culpó a las FARC de ser quienes los asesinaban.

   La conclusión a la que llega la líder de toda esta situación es que el paramilitarismo está ocupando las zonas que las FARC han dejado libres por un lado y que los excombatientes acogidos al programa de reinserción, al no encontrar garantías para una vida digna, están volviendo al monte con las facciones de la guerrilla que no quisieron firmar el acuerdo. En resumen, vuelta a empezar.

   Silvia, quien se define a sí misma como una mujer "con garras y berraquera", incide en la necesidad de formar a las mujeres de las zonas rurales. "Tenemos la garra, pero nos falta la capacidad del conocimiento académico para ser abogadas o maestras". Considera que quienes luchan por los derechos colectivos son las clases más obreras, mientras quienes disponen de los recursos desde la cuna son los que van a la universidad.

PREOCUPACIÓN POR LA GESTIÓN DEL DINERO

   Tanto Edilberto como Silvia coinciden en la necesidad de exigir a la comunidad internacional que haga cumplir al Gobierno los acuerdos firmados, al tiempo que reclaman más transparencia en la utilización del dinero destinado al post conflicto. De hecho hace escasos días las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza, que aportaron más de 200 millones de dólares para la implementación de la paz, enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que le mostraban su preocupación por la poca claridad en la gestión de esa partida.

   "Están utilizando el dinero del proceso para desplazar más campesinos, para asesinar a más campesinos y para sostener los grupos que masacran a los líderes. A las asociaciones y a las víctimas no le llegan los recursos. Hay que encontrar la manera de canalizar esos recursos para que de verdad lleguen a la gente", dice Edilberto, mientras Silvia afirma sentirse "revictimizada".

   Edilberto reconoce que en Colombia "uno se acostumbra a ver a todo el mundo como la persona que te va a asesinar". Mientras Silvia, que se escondió bajo una mesa cuando escuchó los fuegos artificiales que se lanzaron cerca de su casa en Barcelona para celebrar el año nuevo, se emociona al explicar que ya no le dan miedo las motos ni los hombres con gafas de sol.

   Ninguno de los dos se ha planteado la posibilidad de pedir asilo político en España ni en ninguna parte. Su vida está allí, con los obreros, los agricultores, los defensores de su tierra. En definitiva, con la población rural que lleva toda una vida siendo abusada. Pese a haber encontrado aquí el descanso que merecían, ambos están deseando volver a su tierra y seguir peleando por los derechos de los suyos, aunque sepan que eso les puede costar la vida cualquier día y en cualquier esquina.