Actualizado 02/03/2015 12:45

¿Qué hay detrás de las protestas de los indígenas en el Cauca?

Diez mil indígenas se toman cuatro haciendasen Cauca
Foto: COLPRENSA

CALI, 2 Mar. (Colprensa/Notimérica) -

   Diez mil indígenas se toman cuatro haciendas propiedad del ingenio Incauca en zona rural de Corinto, norte del Cauca, y el Gobierno da la orden a la Fuerza Pública de desalojarlos.

   Los indígenas dicen que resistirán. Que no se irán de ese lugar y se enfrentarán a quien tengan que hacerlo hasta que el Gobierno decida establecer una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo sobre la entrega de tierras que ellos llaman "ancestralmente nuestras".

   Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades nativas del norte del Cauca, que se iniciaron el miércoles pasado, han dejado ya a más de 60 personas heridas, entre policías e indígenas, algunos por armas de fuego.

   ¿Qué hay detrás de los enfrentamientos? ¿Qué están exigiendo los indígenas? ¿Son justas esas exigencias? ¿Hasta cuándo seguirán los choques?

    De acuerdo con el consejero indígena del Cric, Feliciano Valencia, las manifestaciones que varios grupos de indígenas están llevando a cabo en el norte del Cauca se enmarcan dentro de un plan denominado "liberación de la tierra madre", que busca presionar al Gobierno Nacional para que cumpla con las obligaciones estipuladas en el decreto 982 de 1999, en lo que tiene que ver con la entrega de varios miles de hectáreas de tierras a las comunidades nativas del Cauca.

   "Nosotros estamos presionando al Gobierno para que se siente a dialogar y lleguemos a un acuerdo de cumplimiento de la entrega de tierra que legalmente nos pertenece. Ya se ha ordenado la entrega de miles de hectáreas, pero aún no se ha cumplido", afirmó Valencia.

   El líder indígena hace referencia a las más de 25.000 hectáreas de tierra que el Gobierno se ha comprometido a entregar desde 1991.

    De acuerdo con una auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación en 2013, entre las promesas de restitución de tierras a las comunidades indígenas del Cauca, figuran la entrega de 15.663 hectáreas, como reparación a los indígenas Nasa por la masacre del Nilo, ocurrida en 1.991 en zona rural de Caloto.

PROMESAS INCUMPLIDAS

   Tal entrega, según el documento de la Contraloría General, debió realizarse entre los años 1992 y 1994, sin embargo, aún no se ha cumplido ni con el 50 por ciento de las obligaciones.

    Otro de los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades indígenas, es el Acuerdo de La María, firmado en septiembre de 1995 en el que el Estado se comprometió a entregar 5.182 hectáreas de tierra a las comunidades indígenas de Totoró, centro del departamento.

    Asimismo, el 16 de diciembre de 2005, el Gobierno se comprometió a adquirir 7.000 hectáreas de tierra que iban a ser entregadas a las comunidades del Cric, y otras 1.000 hectáreas, para ser entregadas a los grupos indígenas de Caldono.

   Además, indica el documento de la Contraloría General, para el 2006 los indígenas debieron haber recibido otras 8.000 hectáreas con el fin de dar cumplimiento al Plan de Desarrollo del Cauca.

   De acuerdo con la auditoría llevada a cabo por la Contraloría en 2013, ninguno de los compromisos del Gobierno ha sido cumplido plenamente, por lo cual, la entidad concluyó que "revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto".

EXIGEN UN ACUERDO

   El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, admitió que a pesar del esfuerzo del Gobierno por dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, aún no se ha podido entregar la totalidad de las tierras pactadas desde 1991.

   Sin embargo, Cristo rechazó de manera enfática los desórdenes que se han presentado tanto en zona rural de Corinto como en la vía Panamericana, entre Santander de Quilichao y Mondomo, que desde el pasado miércoles causan serios trastornos de movilidad en toda la zona.

   "El Gobierno rechaza la violación de los derechos de la propiedad privada, que es lo que está pasando en estos momentos en las cuatro haciendas en las cuales los indígenas se han aposentado. Nosotros estamos con toda la disposición de dialogar y de llegar a acuerdos para cumplir con todos los compromisos, pero por ahora pedimos que se respete la propiedad privada, por un lado, y por otro, se respete el derecho a la movilidad de las personas que usan la vía Panamericana", dijo Cristo.

   De acuerdo con el Ministro, tanto Minagricultura con Mininterior enviarán delegados para dialogar con los líderes indígenas, de modo que se pueda resolver pacíficamente la tensa situación que se vive en las afueras de Corinto.

   Manuel Lis, vicegobernador del cabildo indígena Páez de Corinto, ha insistido en que las más de 10.000 personas que actualmente se encuentran en las tierras del ingenio Incauca no se retirarán de la zona hasta que no se llegue a un acuerdo.

   "Nosotros estamos aquí a manera de protesta. No es que queramos robarle la tierra a nadie, ni a ninguna empresa ni a ninguna persona, lo que queremos es la reubicación de la gente que vive y trabaja en la zona montañosa del Cauca, pues esa zona es de vocación forestal, y por lo tanto, no podemos seguir llevando a cabo nuestras actividades de agricultura", dijo Lis.

    De acuerdo con el líder, la reubicación de esas comunidades en la zona plana del departamento es conveniente no solo para ellos sino para toda la industria que se desarrolla en el Cauca, pues la continuación de la agricultura en la zona montañosa terminaría por afectar los nacimientos de agua que alimentan las tierras bajas.

   "Nosotros estamos pensando en el cuidado de la tierra y en el beneficio de todos. El mismo Gobierno sabe que si la agricultura se sigue dando en las montañas, las zonas bajas se irán quedando poco a poco sin agua debido a la deforestación".

   Líderes políticos de izquierda como Iván Cepeda y Aída Avella han pedido al Gobierno Nacional que atienda con celeridad a las comunidades, para que los enfrentamientos cesen y se pueda crear una hoja de ruta que permita cumplir con las obligaciones estatales.

   "Urge habilitar un espacio de diálogo con los indígenas del Cauca. La confrontación con la Fuerza Pública no puede ser el camino", manifestó el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

   Aún continúan los choques entre Policía y comunidades indígenas en varias zonas del norte del Cauca. 

ONU PIDE DIÁLOGO

   La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió en la mañana de este sábado los esfuerzos tanto del Gobierno como de las comunidades indígenas del norte del Cauca, para que se establezca una mesa de diálogo que permita frenar la crisis que se vive en Corinto.

   "Es importante que se reúnan las partes a dialogar y que encuentren puntos en común para solucionar de forma negociada las diferencias. Nos preocupan los hechos de violencia ", dijo Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH.
   Pro otro lado, líderes de la Asociación de cabildos indígenas, Acín, y el Cric, dieron una rueda de prensa el sábado en la mañana en la que expusieron la situación actual de la crisis que se vive en la región y de nuevo, hicieron el llamado al Gobierno para entablar un diálogo.
    La ONU denunció también la aparición de un panfleto firmado por 'Águilas Negras' y 'Rastrojos', en el cual se amenaza de muerte a las autoridades indígenas del Norte del Cauca, y se hace referencia concreta a la situación de Corinto. También en los últimos dos días. Las autoridades se encuentran en proceso de investigación para determinar quiénes habrían emitido el panfleto.