Imputan a dos mujeres como responsables de la muerte de una niña chilena en un centro del Sename

SENAME
REUTERS
Publicado 14/09/2017 13:02:38CET

   SANTIAGO, 14 Sep. (Notimérica) -

   La directora del centro Villa Padre Alceste Piergiovanni, colaborador del Servicio Nacional del Menor de Chile (Sename) y una educadora del mismo, situado en la Región de O'Higgins han sido señaladas como responsables de la muerte de una niña de 10 años que falleció por un complejo cuadro de lupus erimatoso que padecía.

   A dos mujeres, identificadas como María Teresa González y Sonia Gaona respectivamente, se les imputa el delito de cuasidelito de homicidio por haber atendido a la menor, Rachel Contreras, quien agonizó durante tres horas y finalmente falleció en el Hospital de Los Vilos, en la región de Coquimbo, el pasado 11 de febrero de 2016.

   En un principio, la niña fue trasladada a un centro vacacional ubicado en Pichidangui, donde estaba bajo el supuesto amparo de este centro del Sename. Sin embargo, de acuerdo con 'La Tercera', la menor no vivía en las condiciones de salud necesaria para prevenir una crisis o descompensación de su enfermedad.

   La Fiscalía sostuvo que durante la noche en la que Rachel feneció, ésta estaba al cuidado de la educadora y sufrió un episodio de descompensación alrededor de las 4.00 (hora local). No fue hasta las 7.00 cuando fue trasladada al centro médico, donde murió aproximadamente a las 11.35 horas.

   "El traslado tardío de la niña a un recinto asistencial por parte de Gaona, a pesar de conocer la enfermedad de lupus que padecía la niña y los riesgos y consecuencias asociadas a ella, agravó su estado de salud, restándole a la víctima posibilidades de sobrevivir", dijeron los representantes del Ministerio Público en la audiencia.

   Cabe destacar que a González se le acusa de la entrega y aportación de documentos falsos a un Juzgado de Familia en el que aparecía la dosis y el nombre del medicamento específico que debía suministrar a la niña y fue realizado después de su muerte.

    Según la audiencia, el 8 de julio 2016 González "procedió a presentar e incorporar a sabiendas, ante el Juzgado de Familia de Rengo, un documento falso individualizado como 'Entrega de medicamentos Pichidangui 2016 desde el 4 febrero al 25 de febrero de Rachel Contreras Vera'", donde no aparecía la medicación inicial prescrita.

   Al terminar la audiencia, se fijaron medidas cautelares como la firma periódica de ambas imputadas, así como la prohibición de acercarse a la familia de la víctima. Los fiscales tienen un plazo de seis meses para la realización de diligencias investigativas.

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