Jubilados venezolanos en España: historias de un drama ¿exagerado?

Manifestación jubilados venezolanos
ASOPEJUVECMA
Actualizado 25/04/2018 13:53:10 CET

   MADRID, 12 Feb. (Notimérica - Lara Lussón) -

   Póngase en situación e imagine que usted ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social durante toda su vida. Imagínese ahora que, recién estrenada su jubilación, se ve obligado a emigrar a otro país porque considera que la inseguridad en el suyo se ha convertido en insoportable. Imagine, también, que su Gobierno decide cortarle la pensión y se encuentra viviendo en un país extranjero sin recibir ningún tipo de ayuda desde hace 32 meses. Así se encuentran Dhamelys, Helio, Leslie, Eva... y un largo etcétera que se completa con los cerca de 9.000 venezolanos jubilados y pensionados que actualmente viven en España y a los que Maduro les bloqueó su salario.

   '¿No tiene usted dinero para pagar las pensiones, presidente?', le espetó Jordi Évole en una reciente entrevista en Caracas, a lo que el mandatario explicó que las pensiones del exterior, en este caso las españolas, hay que pagarlas en euros, algo prácticamente imposible por la bajada "abrupta y dramática" de los ingresos en esa divisa. De no ser así, de no pagarse en la moneda en uso en España, y debido a la estratosférica devaluación del bolívar, al cambio los jubilados y pensionados a los que les correspondería cobrar más de 1.600 euros al mes de pensión podrían recibir menos de doce. Esto que parece un disparate podría ser real si se aplica con carácter retroactivo la normativa cambiaria que entró en vigor el 29 de enero en Venezuela y que dice que las pensiones en el extranjero se pagarán en bolívares.

   Pese a esta posibilidad, cuando algunos de los residentes en España vieron en aquella entrevista por televisión que Maduro se comprometía a poner fin a esta situación en diciembre de 2017 fue un respiro, pues el heredero de la revolución bolivariana se había manifestado en público sobre este asunto. Pero no todos le creyeron. "Yo ya estoy curada de espanto con ese señor, ¿cómo podríamos creernos que iba a ser verdad?", explica a Notimérica Dhamelys. Tiene 73 años, aunque tras la operación de cáncer de pulmón a la que se enfrentó el pasado verano parece que le han caído algunos más. Es ingeniera agrónoma y toda su vida ejerció como tal, la mayoría del tiempo para empresas públicas. Cuando sus hijos eran aún adolescentes, decidió sacarlos de Venezuela y enviarlos a España, pese a lo dramático emocionalmente de separarse de ellos durante varios años.

   Fue la alumna más joven en entrar en la Universidad Central de Venezuela --con tan solo 17 años--, así como la licenciada más joven de la misma. Tras una vida de trabajo, decidió trasladarse a España con los ahorros que tenía. Aquí, sumados a la pensión que le correspondía cobrar desde los 55 años --edad estipulada para la jubilación de las mujeres en Venezuela--, podría tener una vejez sin apuros. Vivía en una buena casa y estaba definitivamente cerca de sus hijos y sus nietos.

   Cuando se cortaron las pensiones tuvo que empezar a tirar de los ahorros que le quedaban, y, como todo lo bueno se acaba, terminaron por agotarse. Dejó su casa y ahora vive en una pequeña habitación que le alquila a una familia boliviana, aunque el alquiler no le da derecho a usar la cocina. Algunos días, cuenta con la mirada cansada, una amiga le llama para que vaya a comer con ella porque ha cocinado sopa, el plato favorito de Dhamelys. Cuando terminó el invierno pasado se prometió que al año siguiente estrenaría zapatos, pero el frío volvió a llegar, no así las pensiones, y esos botines negros de piel gastados volvieron a ser la única opción.

   Antes de la enfermedad adoraba participar en largas caminatas por las calles de Madrid y trataba de mejorar su marca en cada una de ellas, pero tras una operación con muchas complicaciones dudó de si podría volver a caminar con normalidad. Llegó a recorrer siete kilómetros en menos de dos horas a sus setenta años, pero ahora se está preparando un nuevo recorrido de apenas dos. En esta ocasión, el premio no será terminar con un buen crono, sino simplemente terminar.

LÁGRIMAS

   "Se lo prometo, todo esto me da tanta rabia que no sé ni qué decir", cuenta Helio con lágrimas en los ojos tras un rato de conversación. A sus 74 años, este venezolano nacionalizado español vive con su mujer en un barrio humilde de Madrid, aunque hace cuatro meses que no pagan al casero. Por fortuna el propietario, el conserje de una finca cercana a su bloque, "comprende nuestra situación" y no necesita el dinero ahora mismo.

   Tanto él como su mujer deberían ser receptores de dos pagas. Por una parte, la pensión, derecho de todos los venezolanos que han cotizado durante su vida laboral, y por otro la jubilación, paga que reciben quienes han trabajado en organismos oficiales. Al ser los dos profesores en una universidad pública, deberían estar ingresando, entre ambos, un sueldo de cerca de 5.000 euros mensuales.

   Con este nivel de ingresos, hace tres años pidió un crédito bancario para montar un negocio que fracasó un año después, coincidiendo más o menos con la fecha en la que Maduro canceló el pago a todos los pensionados residentes fuera del país.

   Ha preguntado al Ayuntamiento de Madrid por una vivienda adecuada para sus necesidades, pero por el momento la única respuesta que ha obtenido ha sido que no hay ninguna disponible. También ha solicitado la RMI, la Renta Mínima de Inserción para ciudadanos en condiciones de pobreza, pero la justificación por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para no concedérsela es simple y la misma que recibe todo el colectivo cuando pide a España algún tipo de ayuda: Maduro está violando el convenio bilateral entre España y Venezuela en materia de Seguridad Social --vigente desde 1990-- y por ley España no puede pagar las pensiones a ciudadanos extranjeros.

   Del mismo modo, preguntado por la razón por la que estos ciudadanos con doble nacionalidad no pueden acceder a prestaciones no retributivas, como sería la RMI, el director general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Pablo Gómez Tavira, explica a Notimérica que no hay base legal para darles una pension no contributiva a quien tiene derecho a su pensión, independientemente de que la estén cobrando o no.

   Ni Dhamelys ni Helio han querido dejarse fotografiar. Temen represalias por parte del Gobierno venezolano, ya que ambos se han postulado durante todos los años en España como fieles opositores a él. Sus historias son el reflejo de cómo esta medida está afectando desde hace dos años tanto a venezolanos como a españoles retornados que trabajaron durante muchos años en el país caribeño y volvieron a su España natal para vivir su jubilación.

DIVISIONES, POLÍTICA Y TENSIÓN

    Hace escasos días, el Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, pidió encontrar una solución a la "situación de extrema vulnerabilidad" en la que se encuentra este colectivo, recordando una moción aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado español el pasado mes de octubre en la que instaba al Gobierno a financiar acuerdos, a través de los mecanismos de asistencia social, para atender a este grupo. Desde Podemos, el partido que lidera Pablo Iglesias, se votó en contra de esta medida argumentando que "todo lo relacionado con Venezuela se ha instrumentalizado con fines políticos" y que el Gobierno español "no está en condiciones de dar ninguna lección a otros".

    Con las relaciones más tensas que nunca entre ambos países después de que Maduro expulsase al embajador de España en Caracas, y de que Rajoy hiciera lo propio y cerrara la embajada venezolana en Madrid aplicando el principio de reciprocidad, la de las pensiones es solo una más de las batallas que enfrentan a ambos Gobiernos desde que los dos mandatarios decidieran entrar en el juego de los continuos reproches. Pero no solo eso, sino que este asunto mantiene también divididas a la derecha y la izquierda españolas.

   Pese a ello, fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social español aseguran a Notimérica que llevan "dos años reclamando a Venezuela que cumpla con las obligaciones impuestas por el convenio bilateral entre ambos países" que exigen el pago de las pensiones a sus ciudadanos en el exterior y que lo seguirán haciendo durante el tiempo que sea necesario, pero que como Ministerio no tienen amparo legal para realizar el pago de dichas pensiones con dinero de las arcas españolas. Estas mismas fuentes aseguran que están ofreciendo asesoramiento legal y que este asunto se está llevando ya por la vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

TINTES DE EXAGERACIÓN

   En la nota de prensa que llegó al correo electrónico de Notimérica, la Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos de Madrid (Asopejuvecma) indicaba que entre sus asociados "muchos están viviendo de asociaciones como Cáritas, el Banco de Alimentos, la Cruz Roja y las asociaciones civiles, así como de sus hijos, que también atraviesan una difícil situación económica producto de su propio proceso migratorio". Tras varios intentos por parte de este medio para acompañar a algunos de ellos en ese día a día y poder comprobarlo de primera mano, conviviendo con ellos más allá de unos pocos minutos de entrevista en cualquier café, ni su presidente, Pedro Ontiveros, ni la vicepresidenta, Leslie Borjas, facilitaron ni un solo voluntario.

   Vaya por delante que el derecho a recibir esa paga que les corresponde es incuestionable y su reclamo de lo más lícito, pero hay situaciones más dramáticas que otras, como las de Dhamarys o Helio. Entre líneas, una jubilada que prefiere no dar su nombre trata de explicar que tan legítimo es reclamar lo que por ley es de uno como de dudosa moral hacerlo por la vía de la pena y la exageración y metiendo en el mismo saco a todo el colectivo.

   Buena parte de quienes emigraron a España hace diez años, provenientes de la clase media-alta venezolana, lo hicieron con un colchón de dinero que aún hoy les permite vivir en zonas nobles de Madrid, pagar seguros de salud privados y otros 'lujos' que chocan con las neveras vacías y el resto de necesidades básicas sin cubrir que parecen generalizarse a todo el colectivo.