Argentina
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   BUENOS AIRES, 20 Feb. (Notimérica) -

   La dirigente política, social e indígena argentina Milagro Sala, que hoy cumple 54 años, es líder de la organización barrial 'Túpac Amaru' y una de las dirigentes de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), organización especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas en la provincia argentina de Jujuy.

   Tras su detención el 16 de enero de 2016 por organizar un acape de 33 días contra el plan de regulación de cooperativas en la citada provincia, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, denunció a la activista ante la Justicia, lo que derivó en su procesamiento por haber perpetrado amenazas y ataques contra un personaje público.

   Esta detención ha sido considerada de carácter político por diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos así como por la Procuraduría de Violencia Institucional. Asimismo, diversos sectores de la sociedad argentina la consideran la primera 'presa política' de Mauricio Macri.

   El Gobierno federal del actual presidente avaló ante las Naciones Unidas el proceso del Gobierno provincial de Gerardo Morales y de la justicia provincial, y dio a conocer los argumentos por los que sostenía que no se habrían violado los Derechos Humanos contra Milagro Sala.

   Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que la encarcelación era arbitraria, por lo que realizó un "llamamiento urgente" al Gobierno de Macri para pedir su liberación.

   Ratificando la decisión de la GTDA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado a través del cuál pedía urgentemente una respuesta del Gobierno argentino. Después de permanecer en la cárcel durante varios meses y varios ingresos hospitalarios, en el mes de diciembre de 2017 fue finalmente trasladada a su domicilio para que fuera desde ahí, desde El Carmen en Jujuy, desde donde cumpliera su condena.

   Diferentes actores de la comunidad internacional, incluidos Amnistía Internacional o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevan años denunciando que Sala no debería estar en prisión, considerando a la líder indígena como la primera presa política del Gobierno de Mauricio Macri.

   Del mismo modo, centenares de organizaciones sociales y civiles del país han manifestado, durante este tiempo, su disconformidad con la decisión de mantener bajo arresto a la que también es diputada del Parlamento del Mercosur (Parlasur).

CAUSAS ABIERTAS

   La dirigente social acumula hasta ocho causas abiertas en la Justicia argentina, entre ellas, presunta conducción de una asociación ilícita, fraude al estado y extorsión. En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la investiga por evasión de 177 millones de pesos --cerca de 11.148.000 dólares--.

   La líder social también es investigada por haber dado orden a dos personas de matar a un hombre en octubre de 2007 a cambio de la entrega de una casa; por causar graves lesiones a dos personas reunidas en el Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de Jujuy en 2006 y por amenazar a una comisaría en 2014.

   Sala ya ha recibido dos condenas: una en la que fue sentenciada inicialmente a tres años de prisión por un escrache realizado en 2009 contra dirigentes políticos --entre ellos Morales-- y otra por la organización de un piquete entre diciembre de 2015 y enero de 2016 frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, por lo que se le prohibió la participación en organizaciones durante tres años y tres meses, más una multa de 3.780 pesos --casi 240 dólares--.