CIUDAD DE GUATEMALA, 12 Sep. (Reuters/EP) -
Miles de policías y militares han sido desplegados este miércoles en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, a la espera de una manifestación contra el gobierno de Jimmy Morales en protesta por su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el tercer día consecutivo de protestas, campesinos e indígenas han marchado rumbo al centro de la capital, sede de la mayoría de los poderes públicos, para exigir además la renuncia de Morales y sus ministros con pancartas de 'Jimmy non grato' y 'No más corrupción'.
"Exigimos al presidente que siga la CICIG. No queremos más corrupción", ha dicho Cirilo Pérez, uno de los líderes de la marcha, en declaraciones concedidas a la agencia británica de noticias Reuters.
Morales, que acudirá durante la jornada a una sesión del Congreso por el aniversario de la independencia del país, anunció recientemente el fin del mandato de la CICIG y prohibió el ingreso al país de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez.
La comisión fue determinante para que el ahora presidente fuera electo en 2015, después de que sus investigaciones llevaron a la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina, quien está en prisión acusado de dirigir una mafia aduanera y malversar fondos públicos.
No obstante, en enero del 2017, la Fiscalía y la CICIG acusaron al hermano y a uno de los hijos de Morales de participar en un fraude, lo que dañó sensiblemente la popularidad del mandatario.
Las exigencias de los manifestantes se han extendido a unas polémicas iniciativas que el Congreso, dominado por los aliados de Morales, tiene planeado aprobar en los próximos días.
El martes, los congresistas se dispusieron a modificar la ley de antejuicios que, según opositores y especialistas, representa un retroceso para la democracia al permitirle al Legislativo remover la inmunidad de funcionarios públicos críticos. Sin embargo, las protestas en la zona les impidieron llegar al hemiciclo.
El oficialismo y sus aliados buscan cambiar un artículo que permite a la Corte Suprema de Justicia conocer las solicitudes de antejuicio para transferir esa potestad al Congreso.
Además, quieren modificar la norma para que las peticiones de antejuicio que no obtengan los votos necesarios en el Parlamento no puedan volver a presentarse, como sucedió con Morales, sobre quien pesa una tercera solicitud de desafuero por la posible comisión del delito de financiamiento electoral.
Otras polémicas iniciativas que se están discutiendo en el Parlamento son una que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político para las elecciones del próximo año y otra que quiere criminalizar el aborto terapéutico.