RÍO DE JANEIRO, 28 Ago. (Reuters/EP) -
Los gobiernos y las empresas utilizan cada vez más la persecución legal para retratar a los activistas indígenas como criminales y terroristas, poniéndolos en mayor riesgo de violencia, según ha asegurado este lunes Naciones Unidas.
Los líderes indígenas y activistas que luchar por proteger la tierra del desarrollo están siendo obstaculizados y silenciados por la creciente militarización, los actos de seguridad nacional y las leyes antiterroristas, según un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A nivel mundial, hasta 2.500 millones de personas viven en tierras indígenas y comunitarias, que representan más de la mitad de las tierras en todo el mundo, pero legalmente poseen solo el 10 por ciento, según grupos defensores de derechos.
El informe de la ONU asegura que hay un "aumento drástico" en la violencia contra los pueblos indígenas que se oponen activamente a proyectos a gran escala como la minería, la infraestructura, las presas hidroeléctricas y la tala.
"Es una nueva guerra", ha afirmado la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, autora del informe. "Está empeorando porque muchos de los recursos restantes en el mundo se encuentran en territorios indígenas", ha aseverado.
Un líder indígena fue asesinado este mes en Brasil en el marco de un batalla por la tala en el Amazonas. En Guatemala, siete miembros indígenas de organizaciones de agricultores que luchaban por los derechos a la tierra y la participación política fueron asesinados.
El año pasado, más de 200 activistas asesinados, el más alto desde 2002, según el grupo de campaña británico Global Witness. "En los peores casos, la creciente militarización, agravada por la marginación histórica, lleva a los pueblos indígenas a ser blanco de actos de seguridad nacional y legislación antiterrorista, poniéndolos en la línea de fuego, a veces literalmente, por el Ejército y la Policía", ha señalado.
Los gobiernos y las corporaciones están utilizando medios legales para designar a las personas indígenas como intrusos sujetos a desahucios, mientras que la detención se realiza con cargos imprecisos o testimonios de testigos no corroborados, seguidos de largos periodos de prisión preventiva.
Se han presentado cargos penales contra activistas, que muestran que fiscales y jueces conspiran con compañías y terratenientes en algunos casos.
En Etiopía, los defensores indígenas de los derechos a la tierra han sido enjuiciados y encarcelados bajo la legislación antiterrorista.
No se han registrado cargos penales contra los pueblos indígenas de todo el mundo pero Tauli-Corpuz ha citado los recientes repuntes en Filipinas, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Kenia, India, Perú y México.
"¿Qué desarticulo una comunidad? Arrestar a sus líderes, criminalizar a los líderes", ha señalado Dinaman Tuxa, coordinadora ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, conocida como Apib, organización paraguas que aglutina varios grupos de defensores.