BOGOTÁ, 27 Abr. (Notimérica) -
Colombia lidera en el número de víctimas de la Fuerza Militar por Minas Antipersonal (MAP) y es el segundo país, después de Afganistan, en número de civiles asesinados a causa de MAP y Restos Explosivos de Guerra (REG).
Desde 1990 hasta el 30 de junio de 2016 la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (DAICMA) registró un total de 11.440 víctimas, de las cuales el 60 por ciento (7.015) pertenecen a la Fuerza Militar y el 40 por ciento (4.425) a civiles.
El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fundación Prolongar ha realizado el informe 'La guerra escondida. Minas Antipersonal' donde pretenden agrupar cifras y testimonios de miles de víctimas en el marco del conflicto armado colombiano.
Esta situación se da a pesar de que Colombia es el único país de América en donde las guerrillas emplean estas armas a pesar de estar prohibidas desde 1999 por la Convención de Ottawa. Las MAP también son llamadas "el pequeño león dormido" que despierta al ser activado por sus propias víctimas.
Los daños por MAP y REG son físicos, dándose amputaciones de miembros, discapacidad auditiva y visual así como daños en la piel por quemaduras. Pero también, el impacto psicológico modifica profundamente la vida laboral y social de las víctimas y sus familias. La responsabilidad de dejar estos artefactos es compartida por las guerrillas y la Fuerza Pública.
Según los registros de DAICMA se sospecha que estos artefactos explosivos están presentes en 31 de 32 departamentos de Colombia (el 97 por ciento de la región). Sin embargo, se alerta de que éstos están concentrados en zonas muy específicas de determinados municipios.
En el caso del conflicto armado colombiano, las MAP han sido una modalidad de violencia armada que por su eficacia en términos bélicos y facilidad de empleo, se volvió fundamental para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su lucha contra las Fuerzas Armadas del Estado. El informe establece una relación entre el número de víctimas y la zona de ocurrencia de combates.
Según el documento, "las víctimas civiles se sienten abandonadas ante la precaria atención y los obstáculos burocráticos para obtenerla". Además añade que el 70 por ciento de las personas sobrevivientes a las minas corresponde al estrato más pobre y marginado de Colombia.
El 27 por ciento de las víctimas por MAP y REG son menores de edad. Alrededor de 1.150 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas entre enero de 1990 y marzo de 2016.
Las víctimas en la mayoría de los casos quedan discapacitadas pero el Estado no reconoce una pensión para los sobrevivientes de discapacidad menor al 50 por ciento, muchos de los cuales han sufrido daños invisibles en órganos internos, la piel o psicológicos. La mayoría de testimonios alegan que el Estado pasa por alto los daños psicológicos sin proporcionarles ayuda.
A día de hoy, se siguen encontrando estos artefactos que están repartidos práctimente por todo el país en consecuencia de la guerrilla colombiana y amenazan de lleno, no solo a combatientes, sino también a campensinos, mujeres y niños. Por otro lado, el Estado no cubre las necesidades de las víctimas según los testimonios del informe.
