MÉXICO DF, 7 Oct. (Notimérica) -
Más de un año después de que se produjese en Tlatlaya (Estado de México) la muerte de 22 personas, al menos 11 de ellas ejecutadas extrajudicialmente a manos del Ejército, organizaciones de Derechos Humanos siguen criticando la falta de determinación de las autoridades mexicanas para señalar a los verdaderos autores de la matanza.
Unas críticas que se han intensificado desde que el pasado jueves un juez pusiese en libertad a cuatro de los siete militares que estaban en prisión. La falta de pruebas y las fallas que se produjeron en el proceso tras la detención de los soldados, fueron los argumentos que utilizó el magistrado para determinar su puesta en libertad.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que ha asegurado que se trata de un caso de "violaciones graves a los Derechos Humanos" que no debe volver a repetirse, ha exigido a la Procuraduría General de la República (PGR) --Fiscalía-- que haga una apelación al fallo del juez.
Por su parte, el Centro Pro Derechos Humanos (Centro ProDH) asegura que la liberación de los detenidos "alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune". "Este riesgo no es menos, si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que en la grave crisis de violaciones (de Derechos Humanos) que vive el país, la impunidad es estructural", ha asegurado la organización en un comunicado.
La publicación hace unos meses de un documento interno del Ejército en el que se exigía asoldados, entre ellos los que participaron en el caso Tlatlaya, "abatir a delincuentes en horas de oscuridad", provocó la reacción de organizaciones de Derechos Humanos que exigieron que fueran investigados los mandos militares, en relación a esta matanza.
Sin embargo, para el Centro ProDH, ha sido la PGR quien se ha negado a investigar a altos cargos del Ejército, sin mayor explicación que su negativa.