MÉXICO, 7 Oct. (Notimérica) -
La Procuraduría General de la República (PGR) ha ofrecido hasta dos millones y medio de pesos (algo más de 150.000 dólares) como recompensa a quienes aporten información que permita la detención de cinco personas, a las que se considera presuntas responsables de participar en los hechos que concluyeron con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero.
A tal efecto, la procuradora general, Arely Gómez, ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que los sospechosos son Felipe Flores Velázquez; José Ulises Bernabé García; José Ángel Casarrubias Salgado, alias 'El Mochomo'; Erick Sandoval Rodríguez, alias 'La Rana', y Miguel Miranda Pantoja, alias 'Pajarraco'.
El monto de la recompensa será de hasta 2.500.000 pesos para quien aporte información que permita dar con el paradero de Felipe Flores Velázquez, y de 1.500.000 para el resto de los buscados.
A todos ellos se les considera presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada y los que resulten en contra de los 43 normalistas, hechos ocurridos el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala de Independencia, estado de Guerrero.
La Procuraduría ha especificado que la información que se aporte, el número de identificación confidencial y, en su caso, los datos personales de quien la haya proporcionado, así como las actas que se levanten y toda la documentación e información que se generen, se clasificarán como información "estrictamente reservada y confidencial".
UN AÑO DE LA DESAPARICIÓN.
El pasado 26 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de los 43 'normalistas' de Ayotzinapa y la reivindicación de los familiares de estos estudiantes de magisterio continúa siendo la misma: el esclarecimiento de lo ocurrido. Un suceso que consternó a la opinión pública mexicana durante meses y que supuso un duro golpe para la popularidad del presidente del país, Enrique Peña Nieto.
Pero no solo los padres de los desaparecidos mantienen esta exigencia, organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional (AI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o la Organización de los Estados Americanos (OEA) han mostrado su descontento con la investigación del Gobierno Mexicano sobre estos hechos.
Por su parte, la sociedad civil ha ido mucho más allá y en la multitud de manifestaciones que se han producido en estos doce meses para reclamar justicia, ha señalado directamente al Estado como principal culpable de lo ocurrido. Para ello, argumentan que la última vez que fueron vistos con vidas estos estudiantes, se encontraban en manos de la Policía Municipal de Iguala, quien los retuvo tras interceptar los autobuses que los estudiantes habían secuestrado previamente para viajar hasta México DF.