SAN SALVADOR, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía de El Salvador ha iniciado este viernes un operativo para capturar a 17 militares acusados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas durante la guerra civil (1980-1992), semanas después de que un juez español emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol.
"En cumplimiento de la Notificación Roja emitida por Interpol, estamos desarrollando un operativo", indicó la Policía Nacional Civil (PNC) en su cuenta de Twitter. Durante las primeras horas, se habría detenido a, al menos, tres de los militares: Ramiro Ávalos Vargas, Tomás Zárpate Castillo y Guillermo Benavides.
El diputado del partido ARENA y general retirado, Mauricio Vargas, se ha desplazado a una de las viviendas allanadas y ha manifestado sentirse "indignado" por el procedimiento realizado esta noche, advirtiendo de que el proceso dividirá aún más a la sociedad salvadoreña, según informa el diario local 'Prensa Gráfica'.
Los militares implicados en el 'caso Jesuitas' serán llevados a la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía Nacional Civil.
PETICIÓN DE CAPTURA DEL JUEZ ESPAÑOL
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, envió a comienzos de enero una nueva petición a Interpol para la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los clérigos y dos colaboradoras en los momentos más álgidos de la guerra.
En el marco de una ofensiva guerrillera en la capital, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 un comando militar de ultraderecha irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de religiosos, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles. En el ataque también murieron una empleada doméstica y su hija.
El crimen es uno de los más emblemáticos del conflicto armado que enfrentó a la entonces guerrilla izquierdista y ahora partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército salvadoreño, con un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
La justicia española ya había solicitado en 2011 la detención de los militares con miras a la extradición, pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió que el requerimiento se refería únicamente a un aviso de localización, por lo que desechó la petición de captura y la extradición.