SAN SALVADOR, 27 Sep. (Notimérica) -
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador ha informado sobre la captura de cerca de 231 pandilleros en el municipio de Apopa, San Salvador.
Según ha recogido el diario 'La Prensa Gráfica', el grupo realizaba un baile en la sede del equipo Vendaval, donde se encontraban planificando acciones terroristas.
Dentro de los capturados se encuentran cuatro cabecillas de pandillas --aunque no se indica a que pandillas concretamente pertenecen--, según ha señalado el ministro de Seguridad, Benito Lara.
Los informes recogidos por el diario señalan que las órdenes de detención fueron dadas debido a que los detenidos están acusados por los delitos de planificar actos terroristas y por agrupaciones ilícitas. Hasta el momento continúan las investigaciones por estos casos y los detenidos serán presentados por las autoridades este lunes.
VIOLENCIA DE LAS MARAS.
El pasado 24 de agosto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador declaró grupos terroristas a las principales maras --Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y MS-13-- en medio del repunte de la violencia en el país centroamericano.
El alto tribunal mencionó específicamente a estas maras pero aclaró que la denominación de "grupo terrorista" incluye a "cualquier otra organización criminal que busque arrogarse potestades del Estado, atemorizando, arriesgando o perjudicando derechos de la población".
Además, el Supremo calificó de "terroristas" a los miembros de estas pandillas callejeras, así como a cualquier colaborador, "independientemente que tales grupos tengan fines políticos, criminales o económicos".
Las maras accedieron a declarar un alto el fuego temporal en 2012 gracias a la mediación de organizaciones sociales y a la Iglesia Católica, en un acuerdo que, sin embargo, no contó siquiera con el respaldo del entonces Gobierno de Mauricio Funes.
La tregua entre maras consiguió reducir la violencia en El Salvador a mínimos históricos en apenas año y medio. Los homicidios diarios --principal indicador de la inseguridad ciudadana-- pasaron de una media de 15 a cinco.
Sin embargo, en abril las maras decidieron poner fin al cese de las hostilidades exigiendo la implicación del Gobierno en un acuerdo de paz que incluya, entre otras cosas, beneficios penitenciarios para las pandillas.
El Ejecutivo de Sánchez Cerén, al igual que su antecesor en el cargo, se ha negado a negociar con las organizaciones criminales y éstas, para aumentar la presión, han iniciado una escalada de violencia sin precedentes.