MÉXICO DF, 22 Nov. (Notimérica) -
La violencia contra las mujeres en América Latina sigue suponiendo todo un reto para los gobiernos, ya que, tal y como ha destacado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la mayoría de los países de la región han elaborado leyes para combatir esta lacra, pero no invierten los suficientes recursos en su aplicación.
El organismo dependiente de la ONU ha destacado que 20 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes contra la violencia hacia las mujeres, sin embargo, solo ocho de estos países emplean recursos específicos para su aplicación.
El coste de esta violencia machista en la región también resulta elevado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las consecuencias producidas por este tipo de violencia supondrían un 1,6% del PIB en Nicaragua y un 3,7% del PIB en Perú.
A la violencia en el hogar hay que añadir la violencia y el acoso público. El informe señala el acoso político contra las mujeres como uno de los problemas más graves en Bolivia.
Durante el pasado 2014 y según los datos del Jurado Nacional de Elecciones, se produjeron 272 casos de violencia política contra concejalas en 170 municipios. El Perú, cuatro de cada diez mujeres fueron víctimas de acoso político en el ejercicio de su labor pública.
ACOSO EN LAS CALLES
Aunque el entorno privado preocupa al CEPAL, el incremento en los casos de acoso en las calles también preocupa al organismo, que ha señalado que nueve de cada diez mujeres residentes en Lima (Perú) han sido víctimas de acoso callejero.
En el caso de Colombia y México, los datos no son mucho más positivos, ya que seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de agresión o acoso sexual en el transporte público.
En la capital chilena, seis de cada diez mujeres han afirmado que habían sufrido acoso sexual en espacios públicos, siendo las principales víctimas las niñas y adolescentes.
Por este motivo, el CEPAL ha instado a los diferentes gobiernos a adoptar una partida presupuestaria que vaya dirigida a llevar a cabo programas concretos contra la violencia hacia la mujer.
También, llevar a cabo una mayor legislación que afecte, tanto al entorno público como privado y que acabe con todas las formas de acoso que sufren las mujeres de la región.