CIUDAD DE MÉXICO, 17 Ene. (Notimérica) -
En México impera un gran nivel de violencia, entre otras cosas, debido a la guerra emprendida por el Gobierno contra el narcotráfico, así como la violenta rivalidad entre los distintos cárteles de la droga, lo que se ha cobrado miles de vidas desde que hace casi 11 años el expresidente Felipe Calderón le declarara la guerra a los narcotraficantes.
Uno de los municipios más castigados por la criminalidad es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Pero, a pesar de ello, hacía casi seis años --desde 2011 según las autoridades-- que los neolaredenses no presenciaban un ataque de semejante violencia como el registrado a comienzos del presente año.
El día 4, un mando de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), un agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un oficial de la Policía Investigadora fueron asesinados a balazos. Las víctimas han sido identificadas como Ricardo Martínez Chávez, --coordinador general de la PGJ de Nuevo Laredo--, Carlos Pasarán, Agustín Rosales y Daniel Aguilar, todos miembros de la Procuraduría de Tamaulipas.
De acuerdo a los informes, el ataque tuvo lugar sobre las 22.30 (hora local) en el cruce de las calles Eva Sámano y Municipio Libre. Allí fueron emboscados los cuatro funcionarios por varios civiles armados.
Los grupos criminales Carteles Unidos, El Señor de la O y Vieja Escuela se adjudicaron más tarde la autoría del crimen a través del chat de la página 'Nuevo Laredo Frontera al Rojo Vivo'.
El gobernador de la región, Francisco Javier Cabeza de Vaca, informó que los fallecidos "integraban tres carpetas de investigaciones sobre delitos recientemente ocurridos en Nuevo Laredo, en los cuales salió a relucir la complicidad de autoridades con el crimen organizado", tal y como recoge la revista 'Proceso'.
La primera carpeta se relaciona con regalos que dieron miembros del Cártel del Noreste (CDN) --una escisión de Los Zetas que opera en la ciudad-- a habitantes de la ciudad durante la época navideña, la segunda con trata de personas y la tercera con migrantes secuestrados con la supuesta ayuda de funcionarios gubernamentales.
Las otras dos carpetas que integra la Procuraduría son por el delito de "trata de personas", ya que Chávez y su grupo investigaban el caso de 20 mujeres que fueron rescatadas de un antro local donde se les obligaba a prostituirse.
¿ASESINATO O ACCIDENTE?
Un días después del múltiple asesinato, el Gobierno Federal envió a varios funcionarios a investigar el crimen: Sergio Licona, coordinador de la Policía Federal en el estado y Marco Francisco González Meza, delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la agencia de inteligencia del Estado mexicano, junto con otros dos agentes federales.
Pero ninguno de los cuatro consiguió llegar a la reunión programada con el Grupo de Coordinación Tamaulipas para abordar el suceso, ya que el vehículo en el que se movilizaban sufrió un accidente. Los cuatro perdieron la vida.
A pesar de que todo parecía indicar que se trató de un fatal accidente, no se descartó la posibilidad de que fueran atacados por hombres armados. Sin embargo, la información nunca ha a llegado a ser confirmada.