CARACAS, 29 Nov. (Notimérica) -
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana ha reclamado al Gobierno de Nicolás Maduro una "investigación profunda" por la muerte de 35 reos de la cárcel de Uribana, en el estado de Lara, por una intoxicación masiva por una ingesta descontrolada de fármacos que ha dejado también 145 afectados.
Los obispos venezolanos han pedido también al Ministerio del Servicio Penitenciario que se tomen "todas las medidas necesarias" para que no se vuelvan a repetir hechos como éste, así como para la "garantía efectiva de todos los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad", tal y como informa el diario local 'El Universal'.
"Las prisiones lejos de ser centros formativos de reinserción social, son más bien lugares de hacinamiento, violencia, castigo y represión que deteriora aún más a la persona privada de libertad", ha denunciado a través de un comunicado el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Luckert, quien ha lanzado un mensaje de apoyo a las familias de la víctimas.
En este sentido, la Conferencia Episcopal urge a suscribir desde el Gobierno venezolano el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
"Este tratado internacional establece la creación de un mecanismo nacional de prevención, que pueda realizar visitas de supervisión a los centros de detención del país y recomendar medidas para mejorar las condiciones y el respeto a los Derechos Humanos en el sistema carcelario", concluye el texto.
LA FISCALÍA IMPUTARÁ AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL
La Fiscalía de Venezuela ha adelantado que en las próximas horas imputará al director de la cárcel de Uribana, Julio César Pérez, por la intoxicación masiva en este centro penitenciario, que hasta ahora ha dejado 35 muertos y 145 afectados.
Pérez fue detenido el jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) "tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público ante el Tribunal 4º de Control de Lara".
Además, la Fiscalía ha informado de que ha creado "un equipo multidisciplinario, integrado por fiscales y expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, para investigar la muerte de varios internos".
LOS HECHOS
Según ha explicado el Ministerio para el Servicio Penitenciario, el lunes reclusos del módulo 2 de Uribana, "se declararon en huelga de hambre, para exigir la destitución de un funcionario, de quien presumían había sido designado director del centro".
Estos reclusos "se tornaron violentos (...) y comenzaron a romper las paredes y las puertas de las áreas de reclusión" por lo que se pidió de forma inmediata "apoyo a la GNB (Guardia Nacional Bolivariana)", ha precisado en un comunicado.
El diputado independiente William Ojeda ha revelado que lo que ocurrió fue que unos 3.000 presos "buscaban drogarse" y asaltaron la farmacia del centro penitenciario, haciéndose con "acetaminofén y antibióticos", según Noticias 24.
Por orden del presidente del país, Nicolás Maduro, distintos organismos, incluido el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el jefe de personal de la GNB y Diputados de la Asamblea Nacional ya están investigando "a fondo" lo sucedido.