BUENOS AIRES, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha manifestado este miércoles su extrañeza por la decisión de la Cámara Federal de investigar a la mandataria por el acuerdo firmado entre la petrolera estatal YPF y la estadounidense Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta y ha considerado que con ello se busca "afectar los intereses" del país.
"Siempre resulta extraño en Argentina este tipo de acciones judiciales y sus agentes de promoción", ha manifestado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en rueda de prensa en Casa de Gobierno, al tiempo que ha dejado claro que "pueden investigar lo que quieran".
"Los sistemas de negociación son claros y transparentes en base a los usos y costumbres de la legislación local y no se ha vulnerado la Constitución ni las leyes", ha defendido el jefe de Gabinete, asegurando que el Ejecutivo seguirá "promoviendo inversiones para garantizar la producción de petróleo y gas en Argentina".
Para Capitanich "no es casualidad este tipo de acciones". En este sentido, según informa la agencia oficial Télam, ha denunciado que "en Argentina existan agentes internos y externos que pretenden con estas acciones judiciales afectar los intereses estratégicos del país".
"No me extrañan estas acciones tendentes a generar condiciones que dificulten el acceso a capitales y al financiamiento para lograr el autoabastecimiento energético", ha agregado. En su opinión, quienes obstaculizan estas acciones representan las "posiciones más radicalizadas de grupos de interés local o ambientalistas que ponen en discusión la tecnología disponible para la explotación".
"Lo que quieren es que Argentina no explote racionalmente las riquezas, y tratan de minar nuestra credibilidad y afectar con estas posiciones", ha remachado.
LA INVESTIGACIÓN
La Cámara Federal de Argentina ordenó investigar a Fernández de Kirchner por el decreto que avaló el acuerdo entre YPF y Chevron, ya que considera que el acuerdo se sancionó "con la clara intención de beneficiar" a la petrolera estadounidense. "Pone de manifiesto que, en rigor, existe al menos una hipótesis penal susceptible de ser investigada, con independencia de cuál sea su resultado", indicó la Cámara.
De esta forma, la Sala II de la Cámara anuló el dictamen fiscal por el cual se había desestimado la denuncia contra la presidenta --emitida por el fiscal Eduardo Taiano-- por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y daño ambiental en grado de tentativa.
La denuncia contra Fernández de Kirchner fue presentada en primera instancia por el diputado del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Alejandro Bodart, y el abogado ecologista Enrique Viale.