BOGOTÁ, 4 Abr. (Notimérica/EP) -
El 48 por ciento de los bogotanos respalda la gestión del alcalde interino de la capital colombiana, Rafael Pardo, según ha revelado la encuesta realizada para Caracol Radio por Cifras&Conceptos, que se ha publicado este viernes.
Frente a este porcentaje, solamente un 35 por ciento se ha mostrado en contra de las medidas adoptadas por el nuevo jefe de Gobierno de Bogotá, mientras que el 17 por ciento ha declinado pronunciarse con un "no sabe o no responde".
En la misma línea, el 50 por ciento de los interrogados ha apoyado la designación de Pardo como edil capitalino, mientras que el 40 por ciento ha expresado su oposición y el diez por ciento ha rehusado dar su opinión.
Estas cifras evidencian una tendencia favorable a Pardo, ya que en la encuesta publicada la semana pasada por Polimétrica solo el 36 por ciento respaldaba el nombramiento, mientras que el 46 por ciento lo rechazaba.
El sondeo de opinión de Cifras&Conceptos se ha realizado entre el martes y el miércoles de esta semana con entrevistas cara a cara a 400 personas de todos los estratos socio-económicos.
Pardo, que entonces era ministro de Trabajo, juró como alcalde de Bogotá el pasado 20 de marzo, después de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ratificara la destitución e inhabilitación por 15 años de Gustavo Petro como jefe del Gobierno municipal.
En su primer discurso aclaró que "un alcalde que asume el cargo de forma coyuntural no viene a traer un programa de Gobierno", por lo que anunció que asumiría la 'hoja de ruta' establecida por Petro, bautizada como Bogotá Humana.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares --algo que hizo el martes-- al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.