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BOGOTÁ, 4 Abr. (Notimérica/EP) -
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, ha expresado este viernes su preocupación por la negativa del Gobierno de Colombia a aceptar las medidas cautelares que el organismo le había otorgado al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro para evitar su destitución, ya que éstas, ha dicho, son "fuertemente vinculantes".
"La Comisión está preocupada cuando las medidas cautelares no son atendidas, pues considera que las medidas cautelares son fuertemente vinculantes", ha manifestado Robinson, quien además ha señalado el "total desacuerdo" que existe en relación a los argumentos que presentó la ministra de Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, aunque la CIDH "agradeció la oportunidad de sostener el diálogo".
Las declaraciones de Robinson se produjeron en Washington durante una rueda de prensa después de cerrar un periodo de sesiones y son las primeras al respecto del caso Petro desde que a mediados de marzo el presidente, Juan Manuel Santos, decidiera hacer caso omiso a las medidas presentadas por la CIDH y sellara la destitución e inhabilitación por 15 años del que era alcalde de Bogotá.
Sin embargo, durante su comparecencia la presidenta de la Comisión ha dejado entrever que de momento no acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para pedir una serie de medidas cautelares en beneficio de Petro, las cuales ya deberían ser cumplidas por el Gobierno de Santos.
El motivo principal para no acudir aún a esta instancia ha sido la postura de Petro, pues todavía no ha pedido a la Comisión --único organismo facultado para apelar a la CoIDH-- que actúe en este sentido. "Hasta ahora no nos han solicitado acudir y nosotros damos mucha relevancia a los intereses de los solicitantes", ha expresado Robinson.
La posición que ha adoptado Petro responde, según el diario colombiano 'El Tiempo', a la posibilidad de perder ante la Corte, lo que dañaría sus intereses ante la Comisión, echando por tierra las medidas cautelares de las que ya dispone para intentar explotar su vuelta a la Alcaldía.
DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN
El pasado 9 de diciembre, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.
La salida de Petro de la función pública generó una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, observó irregularidades en esta decisión, que calificó de "inquisitiva", y ordenó una "inspección" contra la Procuraduría.
Ordóñez, por su parte, defendió la legalidad de su decisión y rehusó entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro solicitó tutela.
En este contexto, Santos se reunió con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que calificó como una "crisis institucional" y, después de ello, anunció que sería neutral, algo que se ha cumplido, pero que no ha calmado los ánimos.
Ante la declaración de neutralidad de Santos, Petro acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dictara medidas cautelares, las cuales se le otorgaron el 18 de marzo, al considerar que se habían violado sus derechos al debido proceso y al honor.
Finalmente, el Consejo de Estado --última instancia colombiana que quedaba por pronunciarse-- confirmó la destitución e inhabilitación de Petro el pasado 19 de marzo y Santos la ratificó, ignorando así las medidas cautelares que aconsejaban suspender el proceso hasta que la CIDH decidiera sobre el fondo del asunto.