Actualizado 17/12/2013 22:22

El Defensor del Pueblo de Colombia pide que se tomen "medidas urgentes" contra la violencia de género

Sombra, personas, trata de personas
Foto: GETTY

BOGOTÁ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora, ha hecho un llamamiento para que las instituciones públicas colombianas tomen "medidas urgentes" para luchar contra la violencia de género, que se incrementa de manera "preocupante" en el país.

   Durante el primer semestre del año 2013, 15.640 mujeres han sido víctimas de violencia familiar, otras 5.545 han denunciado haber sido víctimas de abuso sexual y se han registrado 514 homicidios en Colombia en los que las víctimas fueron mujeres, según ha destacado el Defensor en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este lunes.

   Otálora ha llamado a los colombianos a que rompan estereotipos que se tienen frente a las mujeres y ha recordado que, pese a los esfuerzos que realiza la Defensoría, muchas historias terminan trágicamente

   El pasado 10 de noviembre una mujer de Boda, Bogotá, murió junto a su cuñada y dos de sus hijos al ser atacada por su esposo con un machete. La misma suerte trágica sufrieron el 30 de octubre una mujer de 20 años que recibió 40 puñaladas estando en su casa y Diana Ximena Castañeda, quien apareció descuartizada el 22 de octubre, siete meses después de haber sido atacada con arma blanca, recibiendo 90 heridas.

   Según estadísticas del Instituto de Medicina Legal, durante el primer semestre del año 15.640 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y otras 5.545 denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual, mientras que el departamento del Valle del Cauca es el que tiene mayor índice de asesinatos de mujeres.

   "Es lamentable la impunidad y la falta de respuesta institucional que se convierte en otra forma de violencia contra la mujer y afecta seriamente el goce de sus derechos", ha añadido Otálora.

   Al respecto, ha recordado que el Estado colombiano está obligado, por los tratados internacionales que ha suscrito, a reconocer la violencia en contra de las mujeres como una violación a los derechos humanos y tiene el deber prevenir, sancionar y reparar, así como en brindar garantías de que no se repitan estos casos.