Publicado 18/12/2013 22:28

El Gobierno considera que los poderes de la Procuraduría son excesivos

El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez
REUTERS


BOGOTÁ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, ha considerado que la Asamblea Constituyente se equivocó al otorgar tantos poderes a la Procuraduría, en medio de la polémica por su decisión de destituir e inhabilitar al hasta ahora alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

"Creo que todos los constituyentes de todos los partidos políticos nos equivocamos cuando les dimos plenos poderes al procurador general", ha dicho este miércoles, en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Espectador'.

Garzón ha indicado que "se olvidaron" de que "un principio básico de los Derechos Humanos es que a los servidores públicos que son objeto de sanciones disciplinarias se les debe garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso".

A este respecto, ha explicado que los servidores públicos son inspeccionados por la Procuraduría, cuyas decisiones solo son apelables mediante un recurso de reposición, que supone que el fallo es revisado por quien lo dictó.

Así, ha apuntado a "la urgencia y la necesidad" de que, bien desde los ministerios de Justicia o Interior, bien desde el Congreso, "se promueva una reforma constitucional que cree una segunda instancia autónoma que garantice dicho derechos".

Hasta entonces, el 'número dos' ha instado al actual procurador general, Alejandro Ordóñez, a estudiar de forma objetiva e imparcial el recurso de reposición presentado por Petro.

POSIBLE REFORMA

La semana pasada, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, puso de manifiesto la necesidad de reformar los sistemas de investigación de la Procuraduría y la Contraloría, al considerar que están bloqueando la administración de justicia.

En respuesta, según ha informado la prensa local, los legisladores Germán Navas Talero y Alba Luz Pinilla están preparando un proyecto de ley para modificar las funciones el procurador general, en concreto las que se refieren a los cargos electos.

La intención de Santos de retomar la reforma de la Justicia que fracasó el año pasado ha sido interpretada como un llamamiento a la Procuraduría, cuyas últimas decisiones han generado un profundo debate sobre el alcance de sus facultades.

Al margen de la destitución de Petro, la Procuraduría ha acusado a Santos de "desacato total a la ley" por asistir a los congresos de los partidos políticos afines a su Gobierno, al considerar que con ello ha hecho proselitismo.

Desde que llegó al cargo, el 11 de diciembre de 2008, Ordóñez ha expulsado de la función pública a un total de 283 alcaldes y 31 gobernadores con medidas disciplinarias.

CASO PETRO

El pasado 9 de diciembre, el procurador general destituyó e inhabilitó durante 15 años a Petro al considerar que gestionó de forma negligente la contratación de las empresas encargadas de la limpieza de la capital colombiana.

La salida de Petro de la función pública ha generado una gran polémica porque el fiscal general, Eduardo Montealegre, ha observado irregularidades en esta decisión, que ha calificado de "inquisitiva", y ha ordenado una "inspección" contra la Procuraduría.

Ordóñez, por su parte, ha defendido la legalidad de su decisión y ha rehusado entregar la documentación sobre este caso tanto a Montealegre como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al que Petro ha solicitado tutela.

En este contexto, Santos se ha reunido con Petro, Ordóñez y Montealegre por separado con el fin de resolver lo que ha calificado como una "crisis institucional" y, después de ello, ha aclarado que será neutral.

VIAJE A WASHINGTON

En consecuencia, el ex edil capitalino ha anunciado que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dicte medidas cautelares al considerar que se han violado sus derechos al debido proceso y al honor.

"Esperamos que la doctrina de CIDH avance en este sentido y que suspenda la actuación del acto administrativo que abrió el procurador y que llevó a la destitución e inhabilitación del alcalde", ha explicado el abogado de Petro, Rafael Barrios.

Está previsto que el ex alcalde llegue este miércoles a Washington, donde tiene su sede la Organización de Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, para reunirse con el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.