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Medellín, 18 Mar. (Colprensa/EP) -
Las denuncias recientes sobre asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones y extorsiones atribuidos a combos delincuenciales incrementaron las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos en Medellín.
Así lo denunció la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, que alertó de nuevas intimidaciones contra líderes y que algunos combos planean un atentado en Colombia.
"Nos dicen que esos grupos ilegales nos culpan de los operativos de la Policía que provocaron capturas de sus miembros por parte de las autoridades y que por eso tomarían represalias", declaró el vocero de la Mesa, Carlos Arcila.
Además agregó que uno de los casos fue el asesinato de un menor de edad el pasado 22 de enero. "Rechazamos este homicidio y ahora nos informan que en el combo 'los Tatos' están molestos".
La preocupación es mayor porque según advierten, a varios activistas que han sido amenazados les han retirado o debilitado los esquemas de seguridad, a cargo de la Unidad de Protección del Gobierno Nacional.
La Mesa de Derechos Humanos también solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga ante el Gobierno Nacional y se proteja a los miembros de una familia.
Desde el asesinato de Duar Antonio García Castro en el municipio de Giraldo, el año pasado, son víctimas de extorsiones y amenazas de muerte para presionar el pago de dineros por parte del combo 'los Camacoleros'.
Tras el asesinato de tres personas en febrero pasado, cansados de las intimidaciones y el pago de varios millones de pesos en vacunas, la familia denunció al Gaula de la Policía.
Esta realizó un operativo en el que capturó a seis miembros del combo, pero a raíz de esas detenciones llegaron más amenazas de muerte.
El delegado de Derechos Humanos, Jesús Alberto Sánchez, confirmó que este año han recibido denuncias de intimidaciones contra defensores de DD.HH.
"Nos preocupa que por ésta labor se hayan incrementado las amenazas desde el año pasado y también que muchos líderes se puedan quedar sin seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, porque hay reclamantes de tierras, representantes de desplazados, personas que por su labor están en riesgo", destacó Sánchez.