BOGOTÁ, 1 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha lamentado la muerte de tres mineros a causa del derrumbe que se ha producido en una explotación ilegal de oro ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca (suroeste).
"Lamentamos la muerte de nuestros mineros, ellos son el costo más alto de la minería ilegal que seguimos combatiendo sin descanso", ha escrito este jueves en su cuenta oficial de la red social Twitter.
El accidente se produjo a las 23.00 (horas local) del miércoles, cuando unas 30 personas estaban trabajando en el interior del yacimiento de oro de la vereda de San Antonio, según ha informado el diario colombiano 'El Tiempo'.
"Hay 30 personas que, posiblemente, están sepultadas bajo tierra, y en el momento que se llegó allá se apoyó el rescate de tres personas, lamentablemente, sin vida", ha dicho el director seccional de Socorrismo de Cruz Roja en Cauca, Julián Prado.
Prado ha indicado que, además, "otras cinco personas llegaron por sus propios medios al hospital de Santander de Quilichao con algunas lesiones" y, de acuerdo con el coordinador de urgencias de dicho centro sanitario, Felipe Ordóñez, ya han sido dadas de alta.
El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilichao, Víctor Claros, ha confiado en poder rescatar con vida a los 30 mineros que han quedado atrapados, pero ha advertido, en declaraciones a Caracol Radio, de que la operación es compleja por la profundidad a la que se encuentran.
Los equipos de emergencias ya han iniciado las tareas de rescate y han logrado descender hasta una profundidad de 20 metros y localizar a los mineros atrapados.
INTENTOS DE CIERRE
El gobernador de Cauca, Temístocles Ortega, ha exigido al Gobierno de Juan Manuel Santos que clarifique la legislación sobre minas, indicando que las autoridades regionales han intentado cerrar las explotaciones ilegales en varias ocasiones, pero sin éxito.
El primer intento se produjo el pasado 11 de diciembre en la vereda El Palmar, pero unos 800 mineros se enfrentaron a la Policía y al secretario del Gobierno municipal, Ricardo Cifuentes, quien finalmente dejó el cargo por amenazas.
Dos meses después, en la vereda de San Antonio, donde se ha producido el accidente, decenas de mineros ilegales impidieron que las fuerzas de seguridad se llevaran sus máquinas y clausuraran el yacimiento aurífero.